Proyecto laboral para blanquear empleo en pymesPolítica 

Proyecto laboral para blanquear empleo en pymes

(Por Juan Manuel Barca*). – Con la reforma laboral en stand
by, el Gobierno evalúa en secreto un proyecto de ley para facilitar el empleo
formal en las microempresas. Se trata de una iniciativa que ya está en manos
del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y que contempla una
simplificación del pago de las cargas sociales junto con un esquema de
contribuciones patronales reducidas.

De esa manera, las empresas de hasta cinco empleados
pagarían sus cargas en función de la facturación, en lugar de la modalidad
actual que se aplica por cada empleado, y en teoría se verían tentadas a
abandonar la informalidad. El experimento serviría además como un primer
antecedente para avanzar luego en el programa más ambicioso de blanqueo que
Sica prepara para después de las elecciones.

La propuesta de más de 30 artículos fue elaborada hace tres
meses por el Consejo de Asesores del Trabajo, un grupo de expertos que desde
febrero asesora al funcionario sobre el régimen de contrato de trabajo, las
tendencias locales y globales en el ámbito laboral y los conflictos, así como
en los planes de empleo y capacitación. «No alcanza con reducir el monto
de las cotizaciones, hay que facilitar el pago de las cargas para promover la
contratación en blanco», reveló a iProfesional una fuente oficial que accedió
al texto de lectura reservada.

En la actualidad, un 68% del empleo no registrado se
concentra en microempresas, lo que equivale a 3,1 millones de trabajadores de
un total de 4,7 millones en esa situación. Para fomentar el blanqueo, el
borrador prevé un sistema simplificado similar al del regimen especial del
servicio doméstico, con el pago electrónico de aportes y un sistema de bandas
con cotizaciones fijas, en este caso por nivel de ventas. Esto permitiría
reducir los costos no salariales y evitaría la contratación de un contador para
liquidar sueldos.

En su articulado se sugiere además la posibilidad de acordar
convenios laborales que contemplen la situación del sector, un viejo anhelo de
los industriales y empresarios mercantiles. En efecto, fueron tenidas en cuenta
las sugerencias de representantes de la UIA, las cámaras de comercio y el
gremio de la actividad, encabezado por Armando Cavalieri, de buen diálogo con
Macri. Aunque no habría un regimen laboral por fuera de Ley de Contrato de
Trabajo. «No es un proyecto flexibilizador», aseguran en el Gobierno.

El ministro avanzó la semana pasada en la discusión de otras
dos iniciativas laborales en el marco de la comisión de diálogo social. Se
trata del proyecto para regular el teletrabajo tal como lo reveló iProfesional
en exclusiva y un regimen laboral especial para los trabajadores de las
plataformas digitales. En ambos casos el foco está puesto en las nuevas formas
de empleo en sectores autoexcluidos en buena medida de la legislación laboral.

El «miniblanqueo» en estudio surge ante las
dificultades para formalizar empleo, una de las metas planteadas por Macri
desde el inicio de su gestión que se vio frustrada por la crisis económica. El
Gobierno ya había puesto el ojo en el sector en su paquete de «leyes de
transformación productiva», una presentación que trascendió en febrero y
generó polémica por representar el costo laboral con una imagen en la que un
grupo de ejecutivos de rasgos blancos sostiene a una multitud de empleados con
rasgos mestizos.

La idea era mostrar que solo un 20% de los contribuyentes
aporta el 99,4% de la recaudación fiscal. En ese marco, los funcionarios
proponían un nuevo marco tributario con foco en las micropymes, que generan el
45% del empleo nuevo cada año. El combo preveía también la condonación de
deudas por cargas sociales, la reducción de multas y la derogación de la
indemnización agravada por empleo no registrado.

Esos puntos fueron incluidos en el proyecto de blanqueo que
Sica fue a defender en mayo al Senado, pero que terminó sin tratarse ante la
falta de respaldo de la CGT y los empresarios tras cambios de último minuto. En
los últimos días, el ministro de Producción y Trabajo, sin embargo, avanzó en
forma parcial en su estrategia al aprobar una resolución que flexibiliza las
multas a las empresas fuera de regla con sus obligaciones laborales. Un paso
más en dirección a una eventual condonación.

La medida coincide con los recientes reclamos empresarios
para «descontratar». «En las microempresas industriales se
perdieron 6.128 puestos registrados en los últimos tres años, es necesario
repensar los esquemas para fomentar la generación de empleo en las más pequeñas
y revertir la situación», dijeron desde la UIA. Por otra parte, la Cámara
de Comercio (CAC) y la de la mediana empresa (CAME) exigen desde hace tiempo un
tratamiento tributario por tamaño de empresa, en particular de las cargas
sociales.

Recaudación, en la
mira

Uno de los objetivos del nuevo proyecto pyme es reducir la
evasión impositiva en las firmas más chicas y la merma en los recursos de la
seguridad social. Las contribuciones patronales aumentaron un 31% interanual en
junio, por debajo de una inflación del 55% en el mismo período, un dato de la
AFIP que revela el impacto que tuvo sobre la recaudación la pérdida de empleo y
los efectos de la reforma tributaria de 2017 (Ley 27.430). Algunas estimaciones
prevén incluso la pérdida de $600.000 millones hasta 2022.

La paradoja es que el borrador secreto comparte un espíritu
similar al esquema tributario propuesto por el equipo del exministro de Trabajo
Carlos Tomada, en su agenda «urgente» presentada la semana pasada.
Allí se plantea aplicar descuentos fijos por empresa, de modo que impliquen una
carga social mínima para las microempresas, otra reducida para las pyme, y un
incremento para las grandes, junto con la restauración de la alícuota a las
grandes empresas de servicios. Una reforma de la reforma.

La normativa vigente fijó un mínimo no imponible para las
cargas empresarias de $12.000, ajustado por inflación que desde enero es de
$17.509. Y también se estableció un camino gradual de aplicación por el que en
2018 la detracción fue de $2.000 por empleado y en 2019, $7.003,68, según la
resolución 3/2018 de la Secretaría de Seguridad Social. Los montos equivalen a
un 20% y un 40% de la base imponible en cada caso, que en 2022 llegará al 100%,
mientras que los aportes se calculan sobre el excedente.

Tomada cree el esquema actual produjo una sensible caída de
la recaudación de la seguridad social y atenta contra la sustentabilidad del
sistema. La crítica apunta contra la unificación paulatina de las alícuotas de
las contribuciones en el 19% en el 2022, prevista en la reforma, cuando antes
eran del 21% para grandes empleadores de servicios y 17% para el resto. Esa
convergencia, sumada al cómputo de los descuentos por trabajador, generaría más
beneficios relativos para las compañías de mayor dotación.

«La reforma genera una fuerte baja de la alícuota a las
grandes empresas, pero no tanto a las micro. Nosotros en cambio proponemos un
mínimo no imponible por empresa que reduzca el costo laboral a las micro y por
otra parte que aumente la recaudación más que con el sistema anterior»,
explicó a este medio Diego Schleser, investigador del CETyD-IDAES-UNSAM y uno
de los colaboradores de Tomada.

El otro actor interesado en el blanqueo y en fortalecer la
recaudación es el FMI. Luego de la cuarta revisión del acuerdo, el organismo
pronosticó un incremento de los ingresos impositivos, incluidos los
correspondientes a las cargas sociales. Si bien los técnicos redujeron su
proyección de crecimiento de la economía, la mejora en ese aspecto fiscal
obedecería a la expectativa de una recuperación de la actividad, el empleo y el
salario a partir del 2020.

Los especialistas, con todo, desconfían de que los
incentivos impositivos sean la receta para reducir la informalidad laboral. El
exdirector del INDEC, Luis Beccaria, sostiene que los planes de regularización
oficiales podrían tener efecto en grandes y medianas empresas, con mayores
riesgos a ser penalizadas por las autoridades y mejores posibilidades de
afrontar los costos de la formalidad. Pero aún así no hay evidencias de la
intensidad del impacto de la baja del costo sobre la inversión, el crecimiento
y el empleo.

En las empresas más pequeñas, en tanto, las dudas son
mayores ya que la reducción del costo podría ser insuficiente debido a la
incertidumbre sobre el futuro, porque el ocultamiento de la relación laboral
puede ser parte de una cadena más amplia de evasión impositiva, o bien por la
baja rentabilidad. Todos aspectos que reflejan una estructura productiva con
fuertes restricciones para disminuir en forma significativa el trabajo no
registrado.

En ese escenario, los cambios tributarios no parecen haber tenido una incidencia positiva sobre el mercado laboral. El trabajo informal aumentó de 33,9% en el primer trimestre de 2018 a 35% en igual período de 2019, según los datos del INDEC. Mientras que, desde la aprobación de la reforma fiscal en diciembre de 2017 hasta mayo pasado, el empleo formal se redujo en casi 300.000 puestos, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por el Ministerio de Producción y Trabajo.

*Publicado por iProfesional

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