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Elisa Carrió pidió a la Justicia la nulidad del polémico informe de una oficina de la Corte que hizo ciberpatrullaje

Mientras se espera una decisión de la Corte Suprema, la líder del ARI-CC Elisa Carrió solicitó a la Justicia la nulidad el polémico informe de la DAJuDeCO que hizo ciberpatrullaje y relevó opiniones del ex presidente Mauricio Macri y la ex diputada sobre la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Además, Carrió pidió a la juez María Eugenia Capuchetti que cese la delegación de la instrucción en el fiscal Franco Picardi de la denuncia que hizo el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, entre otros, sobre una supuesta mesa judicial del macrismo para perseguir a Gils Carbó y jueces cercanos a los K.

A principios de este mes, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema de Justicia (DAJuDeCO) –que depende de la Corte- elaboró ese polémico informe. Ante la polémica que levantó la Corte pidió explicaciones a la DAJuDeCO y ahora se espera si decide eventualmente su nulidad porque varias organizaciones de la sociedad civil advirtieron que viola la libertad de opinión y expresión.

En un fundado pedido dirigido a Capuchetti, Carrió afirmó que el “informe elaborado, lejos de ser una pieza jurídica que intente ayudar al combate de Delitos Complejos y del Crimen Organizado tal como surge de la propia denominación del organismo, resulta evidente que se trata más de un detallado y minucioso ataque a la libertad de opinión y a la inmunidad de la actividad de otro poder del estado”, el Congreso.

El informe efectúa un minucioso detalle sobre manifestaciones públicas efectuadas “en el marco de mi mandato como Diputada de la Nación-, en un documento que se parece más a una actividad de inteligencia ilegal que a una medida de prueba pericial o documental en el marco de una investigación judicial”.

Luego de citar las declaraciones y tuis de su responsabilidad relevadas por esta oficina de la Corte, Carrió explicó que “son cuestiones de interés público y sobre las que como mencioné al inicio de esta presentación no sólo trabajé sino que también me especialicé a lo largo de toda mi vida” en la lucha contra la corrupción.

Este informe “no sólo no debiera haber sido efectuado por la D.A.Ju.De.C.O. sino que no debiera haber sido, bajo ningún punto de vista, solicitado por el fiscal a cargo de la causa, que sabía que dicho informe no podía ser legalmente solicitado”.

“Pretender, maliciosamente, recortar la realidad con una especie de informe de inteligencia solicitado por un fiscal federal a un organismo dependiente de la Corte, demuestra que el informe adolece de una falta de objetividad manifiesta que es menester señalar”, agregó.

Picardi y la D.A.Ju.De.C.O. “se han dedicado largas horas a reflexionar, trabajar y estudiar el alcance y la repercusión de mis tweets sobre la Dra. Alejandra Gils Carbó, vengo a manifestar que ese minucioso y dedicado trabajo, además de estar reñido con la ley, resulta incompleto”, dijo con picardía.

Recordó que ella fue una de las pocas que impugnó la candidatura de Gils Carbó a la procuración e impulsó pedidos de juicio político y denuncias penales.

Puso de manifiesto que en el año 2013 “Picardi se desempeñaba como Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial dependiente del Ministerio de Justicia” dirigido por Julio Alak.

“Lo cierto es que la suscripta no hizo otra cosa que ejercer su derecho a la libre expresión en su dimensión democrática y en ejercicio de su rol de dirigente política; exteriorizando su opinión sobre la idoneidad y desempeño funcional de la Procuradora General en legítimo ejercicio de las facultades y derechos que le asisten como legisladora y representante de un espacio político; denunciando ante la Justicia, los hechos que entendí podían constituir ilícitos penales, lo que era mi deber”, subrayó.

A criterio de Carrió, “el informe solicitado es flagrantemente violatorio de las libertades individuales garantizadas constitucional y convencionalmente. Vaya paradoja de la vida: el informe viola flagrantemente convenciones de derechos humanos con jerarquía constitucional que yo misma como convencional constituyente en la reforma constitucional del año 1994 trabajé para incorporar en el artículo 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna”.

Picardi y la D.A.Ju.De.C.O. “al escrutar judicialmente las opiniones vertidas en redes sociales por mi persona, menoscaba la libertad de expresión de la ciudadanía, lo que se agrava si se tiene en cuenta que esas expresiones fueron vertidas en el ejercicio de mi mandato como Diputada de la Nación”.

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