¿Cómo gestiona España la acogida de los solicitantes de asilo?

Mientras que el Reino Unido ha optado por alojar a cientos de solicitantes de asilo en un barco anclado frente a las costas del sur de Inglaterra para reducir la factura en hoteles, en España el Gobierno plantea ampliar las plazas de acogida de centros gestionados por la administración, lo que implica contar con el apoyo de comunidades y ayuntamientos.

El proyecto, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y financiado con fondos europeos, busca reforzar el sistema de acogida de solicitantes de asilo en el país con 5.700 nuevas plazas a través de la construcción de nuevos centros o de la adaptación de instalaciones ya existentes, pero se está encontrando con algunas reticencias, como la del Gobierno de Cantabria.

El ministro José Luis Escrivá firmó protocolos y acuerdos con los municipios y comunidades donde están previstos poner en marcha entre 15 y 20 Centros de Acogida de Protección Internacional (CAPI), con 231 millones de euros de los fondos Next Generation EU, y ante el temor de un cambio de postura tras el nuevo mapa que dibujó el 28M, preguntó a Logroño, a Valladolid y a Cantabria -bajo gobiernos del PP- si seguían adelante con sus compromisos.

Cantabria ya ha respondido: no va a hacer un centro de acogida de refugiados en las instalaciones de un hospital psiquiátrico situado en Camargo; prefiere destinarlo a mayores y dependientes. Pero no será con estos fondos europeos, le ha advertido Inclusión.

De 400 a 6.100 plazas propias

Un total de 34.725 personas (el 52 % mujeres) de 119 nacionalidades distintas están en el sistema estatal de acogida de Protección Internacional y Temporal.

El sistema dispone de una red de centros y recursos distribuidos por todo el territorio nacional, algunos de titularidad pública, pero muchos gestionados por ONG.

De hecho, solo 436 solicitantes están acogidos en los centros gestionados directamente por Inclusión y el resto son atendidos en pisos y centros por organizaciones sociales con la financiación del Gobierno.

El objetivo del Ministerio es ampliar las plazas propias hasta las 6.100 para finales de 2024 o principios de 2025, suprimir las listas de espera, adaptar las prestaciones en función de la vulnerabilidad y maximizar la capacidad de los itinerarios de acompañamiento, explican desde el departamento que dirige Escrivá.

Itinerario de apoyo

Tras una valoración del perfil para derivar al solicitante al recurso más adecuado, se entra en una primera etapa de un itinerario de apoyo que puede durar entre 18 meses y dos años.

En los seis primeros meses, que pueden prorrogarse en caso de perfiles muy vulnerables, los solicitantes de asilo tienen cubiertas todas las necesidades básicas, se les facilita dinero de bolsillo, asistencia jurídica, cursos de español y formación y orientación para el empleo.

Llega después la fase de la autonomía, que se gestiona con ayudas económicas para que puedan alquilar su propia vivienda mientras se tramita y resuelve su petición de protección internacional.

¿Cómo son y dónde están?

Según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 31 de marzo de 2023, casi la mitad de los 34.725 solicitantes son ucranianos y un tercio, menores.

Andalucía, Cataluña y Madrid son las que concentran al mayor número de personas acogidas en el Sistema de Protección Internacional y Temporal.

Si se toma como referencia el número en función de la población total, Aragón se sitúa a la cabeza, seguido de Castilla y León, Cantabria, Navarra y Castilla-La Mancha.

Varía la distribución por sexo en función del grupo. Por ejemplo, si se tiene en cuenta a los menores hay más chicos (51,7 %), en el caso de los mayores de 65 años son mayoritarias las mujeres (68,4 %) y en el grupo en edad laboral, también las mujeres (53 %).

Respecto a las nacionalidades, el 46 % (16.073) son ucranianos y entre los no ucranianos (18.652) destacan los naturales de Colombia, Venezuela, Afganistán, Siria, Mali, Perú y Marruecos, todas con más de un millar de personas destinatarias de las prestaciones y servicios del sistema. El 16 % restante son personas de 111 nacionalidades.

El 41 % llevaba menos de seis meses en el programa, un 31 % entre seis y 12 meses, un 20 % más de un año y solo un 3 % más de año y medio.

Cruz Roja (con el 36 %), ACCEM (el 18 %) y CEAR (el 15 %) son las tres entidades que, en el marco de la acción concertada, concentran un mayor número de personas atendidas, seguidas de Fundación Apip-Accam, Cepaim y Movimiento por la Paz (MPDL).

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