Media sanción para la Ley de Alquileres: qué proyectos se debaten en Bariloche

Con 125 votos positivos, 112 negativos y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de modificación de la ley de alquileres. Pero la iniciativa parlamentaria lejos de generar alivio, provoca más preocupación entre los inquilinos.

Si el proyecto avanza en Senadores, el plazo de los contratos volverá a tener un mínimo de dos años y no tres, como establece la ley vigente. Y entre otras modificaciones, permitirá actualizar el valor del alquiler cada cuatro meses mínimo a 12 meses como máximo (hoy la ley obliga a aumentar el monto una vez por año).

«Va a ser lo mismo que tenemos ahora. Le da más libertad de decisión al dueño. Pueden aumentar cada cuatro meses cuando el salario no crece de la misma manera. Hay un desamparo total«, resumió Emiliano Guenin, referente del movimiento de “Inquilinos Autoconvocados».

La situación por la falta de alquileres en Bariloche motivó la presentación de algunos proyectos de ordenanza en el Concejo Municipal que esperan avanzar en las comisiones.

Eximiciones de tasas

Meses atrás, la concejal Julieta Wallace propuso la creación de un Consejo Local de Alquiler de la Vivienda Permanente, junto a una serie de regulaciones, que fue rechazado en una sesión del Concejo Municipal.

Debido a que «el Departamento Ejecutivo sigue sin proponer ningún tipo de medida para paliar la crítica situación que atraviesan los inquilinos de Bariloche», la concejal reformuló el proyecto y propuso un Programa de Promoción de la Vivienda de Alquiler Permanente.

Mencionó un informe del Centro de Estudios Metropolitanos, según el cual la oferta del alquiler turístico aumentó 220% entre octubre del 2021 y febrero del 2023 en Bariloche, ascendiendo a 1877 propiedades. En julio de 2022 se generaron ingresos totales por casi 3.500.000 dólares, donde cada propiedad tuvo ingresos promedios por 2.100 dólares.

La iniciativa crea por un plazo de 10 años un régimen de incentivos fiscales que sería implementado por la Secretaría de Hacienda a fin de aumentar la oferta de viviendas de alquiler permanente. La eximición de tasas será del 100% para el primer contrato de locación de 3 años; 75% para el segundo contrato y, 50% para el tercero.

También prevé la eximición de tasas para aquellas construcciones nuevas de viviendas que se oferten en alquiler como vivienda permanente o que estén alquiladas al momento de la sanción de la ordenanza.

Propone además que el ejecutivo destine «no menos» de 10 inspectores al control y seguimiento de las habilitaciones turísticas que se ofrecen en la ciudad. Deberán labrar actas de infracción al detectar viviendas alquiladas para turismo sin habilitación comercial.

Por otro lado, el Consejo de Planificación Municipal deberá elaborar una zonificación de las habilitaciones de alojamientos turísticos teniendo en cuenta «zonas saturadas», zonas de promoción y zonas de exclusión de alquiler turístico.

Urgencia habitacional

El concejal Pablo Chamatrópulos propuso declarar la urgencia habitacional en Bariloche hasta tanto se construyan 5.000 viviendas nuevas.

«Fueron muchos los intentos fallidos a lo largo de la última década por mejorar la situación habitacional en Bariloche. El cúmulo de medidas poco eficaces nos coloca en la situación extrema en que hoy nos encontramos con una urgencia grave que necesita ser atendida con carácter excepcional», plantea el concejal de Podemos en los fundamentos de su iniciativa.

Establece la puesta en marcha de un plan integral por parte del municipio para facilitar loteos nuevos y construcciones o bien ampliaciones nuevas de inmuebles con destino habitacional.

Por su parte, el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda podría avanzar en todo tipo de convenios que permita la subdivisión de parcelas, el canje de tierras y fomentar la investigación tecnológica y social para el desarrollo de nuevos sistemas constructivos y mejores programas de viviendas.

Los proyectos urbanísticos que requieran de la aprobación del Concejo Municipal tendrían «preferencia 1» en las sesiones. Y en caso de que el proyecto urbanístico sea declarado de interés social se solicitará a las prestadoras de servicios básicos que den respuesta con tratamiento preferencia de carácter urgente.

Durante la vigencia de la ordenanza se establece un programa de regularización de planos y obras no registradas, con condonación de penalidas, multas e infracciones.

A su vez, Cahamatrópulos propone duplicar los montos de las sanciones en caso de alquileres turísticos irregulares. Y en los casos de inmuebles que se destinen al alquiler de viviendas permanentes, habrá una bonificación especial del 75% del monto total.

Chamatrópulos destacó el aporte del Colegio de Arquitectos de Río Negro en el proyecto y resaltó la conformación de una “mesa de gestión en la que todos los actores involucrados aporten a esa política pública, desde los propietarios de grandes superficies del tierra, los desarrolladores inmobiliarios, los arquitectos, los urbanistas, las cooperativas y el estado, entre otros».

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