Cinco pobladores de la zona aledaña al campo del magnate inglés, Joe Lewis, fueron imputados por haber agredido a manifestantes en la última marcha que se realizó en el verano para pedir por el libre acceso a lago Escondido.
Hugo Víctor Araneda, Graciela Helvecia Hernández, Andrés Saint Antonin, Nicolás Puchy y Enzo David Puchy, las personas imputadas fueron acusadas de haber agredido y causarle heridas a nueve personas, el pasado 1 de febrero, cuando se manifestaban en una tranquera que corta el paso en el camino conocido como Tacuifí.
Según el relato, uno de los imputados que se encontraba en la tranquera arrojó una piedra en dirección a una de las víctimas, ocasionándole lesiones que fueron consideradas como leves.
Por otro lado, a una mujer la acusaron de haber agredido a otras dos mujeres, luego de una discusión a unos 30 metros del acceso al camino, cuando los manifestantes habían traspasado el portón. Luego de esto, tomó un trozo de madera con el cual las golpeó en el cuerpo y en la cabeza, ocasionándoles lesiones de carácter leve.
La mujer continuó con la agresión, cuando se dirigió a un hombre que estaba tirado en el suelo y le tiró una piedra de gran tamaño, provocándole fracturas en tibia y peroné de la pierna izquierda, lesiones estas de gravedad.
Después, en el trayecto del camino vecinal cuando dos mujeres quisieron auxiliar al hombre que estaba previamente herido, lo pateó y agredió a una de las mujeres.
Otros de los acusados montando un caballo bayo, agredió físicamente a una fotoperiodista, tomando la correa de la cámara que llevaba, forcejeando hasta que se golpeó la cabeza en una piedra.
Finalmente, dos hombres imputados y que son familiares, al ubicarse en el sector interno del camino vecinal, según la acusación, agredieron físicamente con golpes de puño y patadas en el cuerpo, provocando una fractura en la novena costilla derecha, lesiones de carácter grave.
En la audiencia que se realizó este miércoles de manera virtual, el fiscal Francisco Arrien aclaró que la investigación continúa ya que podría haber más personas que hayan participado de las agresiones durante la marcha.
El juez Ricardo Calcagno tuvo por formulados los cargos y aprobó el plazo de investigación de 5 meses.