El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, respaldado por el patrocinio legal de Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra, presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se «declare la inconstitucionalidad del DNU de desregulación económica firmado por el presidente Javier Milei». La medida, que busca también una suspensión cautelar de los efectos del decreto, marcó un desafío legal al controvertido paquete de reformas del libertario e inauguró la primer iniciativa en contra del decreto por parte de un mandatario provincial.
El gobernador Quintela, a través de sus abogados Zaffaroni y Ferreyra, interpuso una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema, buscando que declare la inconstitucionalidad del DNU de Milei. Según Quintela, el decreto produce «perjuicios irreparables a la ciudadanía» y va en contra de diversos artículos de la Constitución Federal y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esta acción marcó la primera presentación directa ante la Corte Suprema en contra del DNU, que ya había enfrentado objeciones a través de amparos en tribunales inferiores. El gobernador argumentó que el decreto, al entrar en vigencia este viernes, «vulnera el federalismo y los derechos laborales, sociales, económicos y culturales de la sociedad argentina».
En el día de la fecha instruí a los abogados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de…
— Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) December 29, 2023 El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, titulado «Bases para la reconstrucción de la Economía argentina», entró en vigencia hoy y declaró la «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025».
El controvertido decreto incluye reformas en diversos sectores, como la flexibilización del mercado laboral y la antesala a la privatización de empresas públicas.
En este sentido, Quintela sostuvo que el DNU «daña el federalismo y los valores democráticos», buscando en la Corte Suprema una garantía de la vigencia del estado de derecho. Además de la declaración de inconstitucionalidad, el gobernador solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto hasta que se resuelva la causa de manera definitiva.
El DNU debe ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, donde puede ser aceptado o rechazado por mayoría absoluta. Sin embargo, el gobierno incluyó el mega decreto en la Ley Ómnibus que envió al Congreso, asegurando su ratificación por otra vía en caso de obstáculos legislativos.