Por el derecho a la salud pública

La entrega de medicamentos para pacientes oncológicos que no cuentan con cobertura de salud es, desde el 10 de diciembre, una variable de ajuste para el ansiado superávit fiscal que enarbola el gobierno de Javier Milei. Contra esto se planta la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) convocando a movilizar en busca de “justicia por los derechos vulnerados”, y sugiere “pedir a los funcionarios y niveles de conducción correspondientes soluciones a la brevedad”. Así lo expresaron en un comunicado que se suma a la denuncia de las organizaciones que nuclean a este tipo de pacientes, entre ellas el área de Proyectos en la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa), contra el recorte de esta asistencia esencial, desde el Ministerio de Capital Humano.

La explicación del Gobierno, que en la mañana de este lunes reconoció la falta de entrega de medicina oncológica, vincula su accionar a una denuncia penal del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, según detalló el vocero presidencial Manuel Adorni. Se acusa a la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) de seleccionar a los proveedores de medicamentos, y de hacer las compras a través de una cadena de correos electrónicos sin validar y de manera directa.

Sin embargo, el reclamo crece ya que mientras se tramita esta supuesta irregularidad —cuya investigación recayó en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Julián Ercolini— se agrava la situación para miles de personas que necesitan la medicación con urgencia. Para reforzar su estrategia, por la tarde, se confirmó oficialmente,en LN+, el pase de la Dadse, del Ministerio de Capital Humano al de Salud. Y se ampliará la denuncia por sobreprecios y por la compra directa de medicamentos que se registra desde 2016.

La grave situación que atraviesan los pacientes, sumada al corte de suministros para los comedores barriales, llevó a la Secretaría de Salud de la APDH a un llamado a todas sus regionales «exhortando a conocer la situación local respecto a la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos, con patologías crónicas y agudas”, como también a lo que ocurre con el envío de suministros a los comedores barriales.

Desde Alapa, su directora general, Florencia Braga Menéndez, confirmó que desde el 10 de diciembre se cortaron las compras y los envíos de medicinas oncológicas. Y enfatizó: “No están teniendo en cuenta a los pacientes». Braga Menéndez en diálogo con la AM750 puntualizó que en una maniobra de corte «totalmente perverso» se paralizó la entrega de medicación desde ese día, cuando fue cerrada la Dadse “por readecuación en los sistemas y procedimientos». Lo que fue revertido gracias a la acción sindical de miembros de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) quienes solicitaron “se restituyan las prestaciones esenciales para la vida de niños y personas vulneradas en su derecho a la salud; mantener las condiciones de trabajo para desarrollar las tareas e información clara para los trabajadores”.

Para la APDH, la “decisión de la ministra de Capital Humano” que ordenó “la suspensión” de los suministros para comedores y de la entrega de medicamentos oncológicos “a personas que solo cuentan con atención del Sistema Público de Salud”; vulnera “el acceso a la salud y a la oportunidad de tener ¡un plato de comida!”

Por esto, los diputados de Unión por la Patria reunidos con representantes de las organizaciones de pacientes, informó la APDH, denuncian «la falta de respuesta por parte de la Dadse, y del Programa federal Incluir Salud, forzándolos a interrumpir sus tratamientos”. Y destacan que a la reunión asistieron “trabajadores de la propia Dadse que confirmaron esa realidad”. La decisión, sostiene la APDH, “demuestra en estos pocos meses de Gobierno, la crueldad e insensibilidad con la que llevan adelante su política de liquidación del Estado y arremeten contra los que menos tienen”.

En la misma línea, Braga Menéndez aseguró que esta decisión del Gobierno muestra un modo de gestión contrario al bien público: «En vez de decir con claridad que están ejecutando lo que ya decían, que la salud pública no les importaba en absoluto, confunden a la gente». La afirmación corresponde a la denuncia bajo la que se impuso la interrupción de tareas a la Dadse, un programa creado en 2016, destinado a asistir a aquellos pacientes con afecciones urgentes y sin cobertura de salud.

“A la incertidumbre y el dolor de tener una enfermedad grave –se explayó la directora de Alapa–, se suma que el Estado no se comporta como un Estado noble” ya que “dice cosas de una manera muy psicopática», sentenció. «En la Dadse no hay nada oscuro, pero si lo hubiera, bienvenida la transparencia», puntualizó.

La estrategia destinada a liquidar la salud pública que lleva adelante el gobierno de Milei se fundamenta en este caso en la denuncia de Pettovello sobre exfuncionarios de la Dadse. “Que hagan todas las auditorías que quieran, pero no pueden cortar los tratamientos porque la gente se muere y eso es criminal», remarcó la titular de Alapa. Y explicó que «las compras por e-mail no implican una irregularidad, porque hay medicamentos de muy alto precio que se tienen que licitar cada vez porque hay diferentes droguerías que consiguen diferentes precios».

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