En el peor momento, la pelea más grande
El minué de las transferencias de fondos previsionales a las provincias es la punta del iceberg de una de las peleas de fondo más largas que arrastra la agenda política. No se sabe si el Gobierno juega a dos puntas, apuesta a pleno, calle, color o docena para sacar algo de un Congreso, que ya le marcó la cancha al frenarle el DNU en el Senado y la ley ómnibus en Diputados. O si, de manera más pedestre, el Gabinete es el campo de batalla de fuerzas encontradas dentro de oficialismo.
Si fuera lo primero, es una antesala riesgosa para una semana con dos reuniones clave de gobernadores. Este lunes en Río Grande, los patagónicos, y el jueves en CABA, con los que fueron a elecciones como Juntos por el Cambio. Son respectivamente, los más revoltosos y los más amigables.
El Gobierno cree que los gobernadores son dueños de los legisladores, y que lo que arregle con ellos, se trasladará al voto. Es una visión errónea de las relaciones políticas. Pero explica el desdén que muestra Olivos hacia el Congreso, al que desaira e insulta como y cuando puede.
Si fuera lo segundo, la pelea dentro del Gabinete, el DNU 280 que se conoció el viernes -inspirado seguramente el ministro Luis Caputo- demolió en un minuto todo lo que pudo negociar su colega Guillermo Francos con los gobernadores y el Congreso para que le aprueben la versión corta y mansa de la ley ómnibus.
El paso del tiempo todo lo arregla, en particular con este gobierno que suele desandar todo lo que emprende. Desde lo simbólico, como el traslado de la embajada a Jerusalén, a lo contante y sonante, como es el corte de fondos, que retiene y después suelta. Con este gobierno no cabe ya preguntarse qué o cuándo va a hacer algo, sino cómo y cuándo lo deshará.
Castiga a los que tienen más votos
La letra del art. 18 del DNU 280 puso en alerta el viernes a todos los gobernadores, con quienes Francos venía negociando el apoyo a las leyes que dicen necesitar antes del 25 de mayo, fecha de un acuerdo patrio que parece cada vez más lejos de concretarse.
La noticia movilizó a los fiscales de estado de las provincias, que tienen un grupo de WhatsApp propio, para cruzarse ideas sobre cómo ir a la justicia. Ese artículo deja sin efecto la prórroga de los artículos 92, 93 y 94 de la ley de presupuesto 2023. Estos artículos comprometían a la ANSeS a realizar las transferencias mensuales a las Cajas Previsionales Provinciales que no se habían hecho.
El DNU mantiene el compromiso, pero deroga un artículo de la ley de presupuesto 2023 (prorrogado) que obligaba a la Nación a actualizar los montos, deshilachados por la inflación galopante de los últimos 4 años de este atraso. Esas transferencias son la prenda de cualquier acuerdo de la Nación con las provincias.
Se trata de fondos que comprometió el gobierno de Mauricio Macri en el Consenso Fiscal de 2017. Dan un auxilio a los distritos que no transfirieron sus cajas a la Nación, a cambio de avanzar en un proceso de «armonización» con el sistema nacional. Entre las 13 provincias castigadas por esa decisión de no actualizar los envíos están Buenos Aires, Córdoba y Sante Fe, que tienen la mayor cantidad de diputados nacionales.
Armonizame, armonizate
La palabra clave de este intríngulis es esa: «Armonización». Las provincias se comprometían a adaptar sus sistemas previsionales a las normas nacionales, como equipararse a lo que paga Nación, terminar con regímenes de excepción, no avalar el pago del 82% y otros ajustes que debieron hacerse desde entonces. A cambio, vendrían estas transferencias.
El plan canje fracasó por dos incumplimientos concurrentes. No todas las provincias le tomaron el gusto a «armonizar» las cajas como quería el Consenso, que fogoneó desde el Ministerio del Interior Rogelio Frigerio. Hoy es gobernador de Entre Ríos y es víctima de este tortazo del DNU 280. Su provincia es una de las 13 que debían recibir esos fondos.
Algunas provincias no hicieron la armonización con gobiernos anteriores del peronismo, como Entre Ríos y Chubut, y ahora sus sucesores, de otros partidos, tienen que pagar la factura de ese incumplimiento. El otro incumplimiento fue del Gobierno nacional, que desde 2018 entró en una crisis financiera que acompañó al final del gobierno de Macri, siguió con los Fernández y heredó Milei.
Jubilados, la prueba de amor
Hasta ahora la Nación había mostrado la intención de poner en la mesa de negociación lo más importante para los gobernadores: que le cumpliesen con la compensación prometida desde el gobierno de Macri. Era y es la prueba de amor que necesitan de Milei. Esas deudas se arrastran desde los gobiernos anteriores, pero nadie había cumplido la letra.
La cuestión previsional está en el centro de todos los debates, aunque no se reconozca. Fue uno de los ejes que cifró la suerte de la ley ómnibus. Hasta ese momento el Gobierno seguía prometiendo el cumplimiento del pago retroactivo de lo adeudado.
La prueba es que el 29 de diciembre pasado, el director de la ANSeS Osvaldo Giordano, firmó con el gobernador Ignacio Torres, de Chubut, un acuerdo con el objeto de que «en el marco de la normativa vigente y de acuerdo con el informe de Auditoría, Anses abone a la Provincia las sumas correspondientes en concepto de financiamiento del déficit del Sistema Previsional de la Provincia para los ejercicios 2017-2018».
Ese acuerdo navegó con tanta suerte que el 22 de febrero de este año lo refrendó la Legislatura de esa provincia por ley. Este no es el único acuerdo. Se habían firmado otros con el mismo propósito. Quiere decir que el DNU 280 no es una gacetilla. Equivale a una ley -provisoria hasta el que el Congreso la apruebe o no- que deroga otras leyes.
La pelea por las joyas de la bisabuela
Que la cuestión es central surge de hechos conocidos, como que el déficit cero, que exhibe el Gobierno para los primeros meses de 2024, se alimenta en un alto porcentaje de la reducción de los pagos de jubilaciones. Es el principal componente del recorte.
Otra prueba son los esfuerzos que hizo el oficialismo para que la Cámara de Diputados no reuniese el quórum para la sesión especial que había pedido para el 12 de marzo pasado el bloque amigable Hacemos, para discutir el proyecto de una nueva fórmula de movilidad elaborado la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
Esa sesión se cayó, en buena parte, porque los legisladores de la UCR no aportaron para llegar a los 129 votos que habilitaría el debate. El DNU 280 le ha dado nueva vigencia al proyecto de la Coalición, que ponía el centro en la recomposición de las deudas previsionales con las provincias, con cargo a esa joya de la bisabuela que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSeS.
La diputada Alejandra Torres, de Córdoba y de Hacemos (y esposa del eyectado Giordano), participó de la elaboración del proyecto, que prevé que esos pagos pendientes y los que se adeudan a jubilados que han ganado juicios, se paguen con la plata del FGS.
Esta legisladora calificó este domingo como “una grosera e irritante discriminación entre provincias” lo resuelto por el DNU 280, porque las provincias que cedieron sus cajas no tienen recorte alguno de su coparticipación. Nación les paga a sus jubilados.
El Gobierno enfrentó el proyecto de Hacemos porque quiere que el FGS pase a ser controlado directamente por el Ministerio de Economía. El FGS, a febrero de este año, tiene en la caja la friolera de USD 43.000 millones y hay quien lo considera la mesa de dinero más grande de la región. Da para todo. ¿Cómo que no hay plata?
La otra deuda es con los radicales
En la doctrina que sostiene el Gobierno, el sistema previsional debería descremarse para diferenciar a quienes reciben jubilaciones y pensiones por las que aportaron, de aquellos que no lo hicieron, amparados en moratorias o por concesiones graciables por discapacidad y otras razones seguramente más discrecionales.
Los primeros tendrían un enganche solidario relacionado con lo que aportaron y lo que se puede pagar. Los segundos, pasarían a recibir montos decididos mediante bonos por parte del Gobierno. Por esta razón, la Rosada se erizó ante la posibilidad de que el proyecto de la Coalición prosperase en Diputados.
Haber desarmado esa sesión es uno de los pocos triunfos políticos que puede atribuirse. Otra vez gracias a los diputados radicales. También a los radicales les debe el Gobierno la firma del acuerdo para el nuevo embajador en Israel.
Milei se quedó callado y se olvidó de insultarlo a Martín Lousteau, que le ganó en el mismo terreno en el que Milei se precia de ser un campeón, la opinión pública. Lousteau lo exhibió a Milei en su silencio. Los dos son dos políticos de escenario, categoría en la que Oscar Landi incluyó a Carlos Menem.
La Auditoría como prueba de gobernabilidad
La semana re-corta se anima con la milonga de la Auditoría. Esta circunstancia probará la capacidad y el interés del Gobierno de construir una mayoría que le permita seguir gobernando con sustentabilidad parlamentaria. O si le interesa seguir en la zozobra de los DNU que chocan con el Congreso.
El reparto de los tres cargos que tiene vacantes puede ser materia de uno de los acuerdos políticos más serios de estos años de discordia política. Si el mundo es redondo, se llevarán 2 el oficialismo y 1 la oposición del peronismo. El PJ tiene la primera mayoría en Diputados, cámara que tiene que proponer estos reemplazos para regir desde el lunes que viene. Pero como ya tiene la presidencia del cuerpo, porque lo indica la Constitución, si pusiese dos de ellos, tendría además la mayoría de los integrantes.
Es un órgano de control y esa desproporción significaría un desbalance. El mapa tiene tres zonas. Una es el oficialismo mileista, otra el espectro de los bloques negociadores del Congreso, y la tercera es el peronismo. El interés de Milei en tener un auditor es relativo. Le interesa más al macrismo, porque quedan cuentas de su gobierno pendientes de auditoría.
Una alianza entre el mileísmo minoritario y los amigos puede asegurarse dos de las sillas. El peronismo puede quedarse con el tercero. El año que viene se renuevan tres auditores por el Senado y ahí Milei puede inquietarse, porque desde el segundo semestre de 2025 la AGN va a empezar a poner la mirada sobre su gestión.
El internismo como dificultad
Este equilibro que puede obtener un auditor para cada tribu, se rompería si alguna de las partes quisiera actuar de arrebato. Por ejemplo, que los cuatro bloques del Congreso del no peronismo (La Libertad Avanza, PRO, UCR y Hacemos) avanzasen contra el peronismo para quedarse con las tres sillas.
Hay nombres para todos los gustos, y protagonizan la negociación más intensa que ocurre en estas Pascuas. Es natural que comprometa al espectro del oficialismo porque allí conviven conservadores de Milei, radicales amigables e irritados (De Loredo vs. Manes), macristas trizados (Macri vs. Larreta, sector al que perteneció el ascendente José Luis Espert) y el bloque de más densidad política, el que preside Miguel Pichetto.
Lo integran figuras con autonomía funcional, que lo convierten en eje de cualquier acuerdo. Tan discreto es el trámite, que el 26 de marzo, en la última sesión del mandato de los dos auditores que vencen este viernes -Gabriel Mihura Estrada, del massismo, y Juan Forlón, del maxi-cristinismo-, ninguno se despidió.
Una trinchera para resistir
En materia de convivencia, las cosas no están mejor en el peronismo, que hoy no tiene jefe pero que se esfuerza con éxito en mantener la disciplina. Las designaciones de la AGN las firman los partidos que proponen sus integrantes, que después son aprobados en el recinto como resolución. La última firma de Alberto Fernández como presidente del PJ fue la designación de Juan Manuel Olmos como presidente, en representación del partido con más bancas de la oposición.
Olmos ha llevado a su oficina de la AGN un seleccionado de las tribus del peronismo, entre quienes están Raúl Rigo (estrella de las cuentas públicas con todos los gobiernos, del peronismo a Cambiemos) como jefe de gabinete; Julio Vitobello, Cecilia Todesca y Vilma Ibarra como asesores; Silvia La Ruffa como secretaria de la presidencia (ex subsecretaria de Aníbal Fernández en Seguridad) y Virginia García, todo terreno del cristinismo, que viene de ser directora de la DGI -además es familia-.
Este gabinete pone a todo el peronismo del AMBA en la repartición que vigila el gasto de los presidentes. El acuerdo que los llevó allí lo selló Olmos en su discurso de asunción en la AGN el 12 de diciembre pasado. Agradeció el cargo a quien lo propuso, Cristina de Kirchner, a Sergio Massa, y «a quien hizo la propuesta formal como presidente del partido justicialista, Alberto Fernández«. En ese orden.