Dámaris Julieth León Guamán, de nacionalidad ecuatoriana, apareció asesinada en el departamento que alquilaba en el barrio porteño de Almagro. Su pareja alertó a emergencias y es quien ahora se encuentra detenido e imputado por homicidio agravado por el vínculo en la Comisaría Vecinal 5B de Buenos Aires. Interviene la división de homicidios.
Fueron sus compañeras ecuatorianas quienes primero se constataron del travesticidio. El lunes por la noche advirtieron por un grupo de chat que Dámaris no atendía el teléfono celular y no estaba conectada al WhatsApp. Decidieron acercarse a su departamento el lunes al mediodía y ahí se encontraron con personal policial que custodiaba el edificio y las derivó a la Comisaría Vecinal 5B, donde se les informó de lo sucedido.
Dámaris era trabajadora sexual en la zona de Constitución, tenía 38 años y había podido acceder al cambio de identidad de género gracias a la legislación argentina. Vivía sola en Almagro, donde tenía buenos tratos con sus vecinos con los que se encontraba en el hall o cuando salía a pasear a sus dos caniches. Ellos dijeron que era muy amable pero que cuando estaba con su pareja se escuchaban gritos provenientes de su departamento.
El velatorio será en la sede de Casa Roja (Filiberto 1745. Constitución – CABA) a pedido de sus compañeras. Sus hermanas están viajando a la Argentina para poder despedirla.
Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres y Meretrices Argentinas en Acción por Nuestros Derechos (AMMAR), escribió en Instagram: “Tu cuadra de Avenida Garay te llora, tus hermanas ecuatorianas están de duelo, tus compañeras de Constitución estamos dolidas, con mucha bronca, hartas de tantas muertes evitables. Te recordaremos con tu alegría, tus copeteos,tus ouftis que lucías cada noche y que nos desfilabas, tu participación espectacular en la última marcha del orgullo en la carroza de Casa Roja, tu solidaridad en cada colecta, tu participación en las asambleas, vos y todos tus proyectos que te impulsaban salir adelante y ayudar a tu familia de Ecuador“.
En comunicación con Página|12, Orellano agregó: “Exigimos justicia y también políticas públicas que puedan asistir y dar acompañamiento a las compañeras que atraviesan situaciones de violencia de género. No queremos estadísticas de cuántas víctimas de travesticidios hay mes a mes en nuestro país: necesitamos que el Estado llegue antes y no tengamos que llorar a otra compañera más”.
Una historia repetida
El martes sus compañeras se congregaron exigiendo justicia en la puerta de la comisaría donde se encuentra el único detenido por el travesticidio, que se suma a los 85 femicidios y travesticidios en todo el país que registró hasta la fecha el Observatorio Lucía Pérez. Solo durante marzo ocurrieron 18 de estos hechos, con el agregado de 3 infancias asesinadas. En el 2023 hubo una víctima de violencia de género cada 26 horas, según un informe de la ONG La Casa del Encuentro. Del 1 de enero al 31 de diciembre se produjeron 307 femicidios, 4 trans/travesticidios y 23 femicidios vinculados de varones.
El caso Dámaris, como mujer trans, migrante y prostituta no se escapa de la vulnerabilidad sistemática a la que están expuestas estas personas. Esta interseccionalidad (esta suma de categorías de exclusión) quedan en evidencia en distintos estudios como el realizado sobre el período de 2016 a 2021, en el que las jurisdicciones de todo el país revisaron las causas judiciales relacionadas con muertes violentas por razones de género, siguiendo el Protocolo del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA). Este estudio identificó que las víctimas de travesticidio/transfemicidio tenían un promedio de 32 años al momento del hecho, siendo más jóvenes en comparación con las mujeres cis víctimas de femicidio en el mismo período.
Además, un tercio de las víctimas eran de origen extranjero, principalmente de otros países latinoamericanos, y más de la mitad ejercicían la prostitución, una proporción mucho mayor que las víctimas mujeres cis. En cuanto a la relación con quienes cometieron los crímenes, la participación de parejas y ex parejas aparece en uno de cada cinco casos. Además, casi la mitad de las víctimas no había solicitado medidas judiciales de protección durante el período estudiado.