Susana Bonanata se siente mal. Acaba de recibir su medicación tras 14 días de tener paralizado su tratamiento contra el cáncer, y discontinuar las drogas atrajo malestares que había superado. Lo peor será manejar su angustia. Porque los remedios llegaron luego de la presentación de un amparo judicial, que tramitó para que el Instituto Provincial del Seguro Médico (Ipross) se los entregase. Pero esas pastillas no durarán para siempre. «¿Y el mes que viene? ¿Tendré que regresar a la Justicia para que vuelvan a dármelas?» se preguntó, apenada.
Como médica laboral sabe de lo que habla cuándo afirma que «un tratamiento así no es tratamiento. Sin continuidad no sirve». Además, lo vive en carne propia. Porque ninguna de las actividades que intenta sostener, a sus 72 años, resisten la tortura de su leucemia mieloide crónica, que le pasa factura.
«Tengo dos hijas, dos nietas y trabajo en la Fundación Médica de Cipolletti. Le pongo todo, pero este cáncer dolería menos si el Ipross cumpliera y me asegurase la cobertura» relató, angustiada.
Hoy integra el colectivo de familiares y pacientes de esta obra social (que es la que reciben todos los que trabajan para el Estado rionegrino). Junto a ellos decidió hacer públicos los retrasos e incumplimientos que padecen, tanto en la entrega de medicinas como en la de insumos. Esas demoras son de hasta 8 meses, y ponen en riesgo la continuidad de sus terapias, e incluso la de sus vidas.
«La medicación oncológica es esencial. Pero hay muchos otros incumplimientos y fallas en la cobertura. Por caso, los porcentajes de los que se hacen cargo. Hay remedios de los que cubren sólo el 8,5%, y son analgésicos que como paciente crónico tenés que tomar para aliviar malestares» explicó.
Cabe recordar que días atrás el Ipross admitió las falencias que tiene con sus prestaciones. Reconoció que «en su mayoría, los faltantes surgen por medicación poco frecuente, que debe tramitarse por expediente individual. Y el instituto tiene dificultades para obtener cotizaciones, lo que genera demoras en las entregas por parte de las droguerías, que eventualmente pueden no tenerlo en stock».
Mientras tanto las denuncias por los incumplimientos arrecian. «Hoy los afiliados que pueden están judicializando sus reclamos, o haciéndolos públicos, para ver si hay reacción. Pero es insostenible manejarse así. Tener una cobertura digna es un derecho» finalizó la mujer, apenada.