viernes, 11 octubre, 2024

Pacto y Consejo de Mayo: el Gobierno quiere seguir sumando gobernadores y apurar la reforma laboral y previsional

En la mesa chica de Javier Milei saben que a la mayoría de los argentinos no les importa ni la firma del Acta de Mayo que el Presidente encabezó en Tucumán en la medianoche del lunes ni mucho menos el Consejo homónimo que deberá velar por transformar en proyectos de ley esas políticas. Aun así los funcionarios más influyentes que trabajan en la Casa Rosada creen que el Pacto puede ser mucho más que una puesta en escena solemne o un modo de controlar la centralidad de la agenda. Se abrazan a la idea de que esos consensos generen el clima de negocios e inversiones que por ahora le es esquivo al Gobierno, en medio de las turbulencias cambiarias.

En los despachos más encumbrados de Balcarce 50 les costaba encontrar una foto de un presidente con 18 gobernadores alrededor de un acuerdo amplio hace décadas. En rigor, Mauricio Macri, que se siente destratado por el Gobierno, encabezó las conversaciones para firmar el pacto fiscal en 2017 con 21 mandatarios provinciales. Esa historia no terminó del todo bien y el acuerdo se interrumpió parcialmente dos años después.

Javier Milei junto a 18 gobernadores en Tucumán. Javier Milei junto a 18 gobernadores en Tucumán.

En cualquier caso, en el círculo íntimo de Milei piensan en engrosar la lista de gobernadores adherentes al Acta después de lograr que el santiagueño Gerardo Zamora se arrimara hasta Tucumán y dijera que nunca había descartado ser de la partida, lo cual al fin de cuentas es cierto, porque había mantenido siempre el mismo silencio inexpugnable alrededor de su participación. En la mesa chica del Presidente dan por hecho que el santacruceño Claudio Vidal, que no estuvo en el frío tucumano por las tormentas de nieve que azotan a su provincia, estampará su firma en el Acta que sueñan que se transforme en refundacional.

En la Rosada no pierden la esperanza de que se sume el mandatario fueguino Gustavo Melella, que en los próximos días tiene previsto rubricar acuerdos para transferir y reactivar obra pública, como ya hicieron una quincena de mandatarios provinciales, casi todos adherentes al Pacto hasta ahora. Sería una sorpresa. “Tengo la misma posición que en el inicio del planteo de este pacto. No estoy de acuerdo y no voy a firmar”, dijo el gobernador patagónico la semana pasada.

¿Y Victoria Villarreal? La gripe fugaz de la vicepresidenta, que le impidió viajar a Tucumán no dejo de ser tema de conversación entre algunos altos funcionarios. ¿Firmará en diferido la primera en la línea de sucesión presidencial? No recibió ninguna invitación. Su lugar fue ocupado en Tucumán por el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala. Difícilmente la vice consulte a Karina Milei por esa posibilidad. La secretaria general de Presidencia fue la única de las firmantes del Acta que no fue electa por el voto popular.

En las próximas horas, entre lunes y martes, el Gobierno publicará el decreto con la convocatoria al Consejo de Mayo. Cada sector invitado tendrá 30 días para proponer el nombre de su representante. El titular del órgano y representante del Ejecutivo sería el jefe de Gabinete Guillermo Francos. La representación de los trabajadores recaerá en la CGT. En el Gobierno no disimulan que preferiría que el elegido fuera Gerardo Martínez, titular de la UOCRA. Los jefes de la central obrera fueron convocados para este martes por el secretario de Trabajo Julio Cordero para un encuentro «a agenda abierta», en el marco del Consejo de Mayo..

A menos que haya cambios de último momento, el Gobierno limitará la invitación para el sector empresario al Grupo de los Seis, las empresas más grandes del país, que respaldaron públicamente el Pacto y se reunieron a solas con Milei en marzo. La elección deja afuera a otras cámaras de empresas grandes y a las Pymes. El Senado y Diputados deben elegir a sus representantes. La periodicidad de las reuniones, a menos que el presidente del Consejo defina otra cosa, sería de una vez por mes.

El lugar elegido para el cónclave podría ser el Salón de Mayo de la Casa Rosada, que hasta el momento no existe. La Rosada ya rebautizó dos salones con nombres más caros a su narrativa: el Salón de los Próceres y el de Malvinas, en lugar del Salón de Las Mujeres y el de Pueblos Originarios. Quedan el Sur y el Norte, Científicos y el Eva Perón, el del histórico balcón, que algún funcionario importante baraja con dar de baja. Allí se ubicaba originalmente el salón de los Escudos del ministerio del Interior que desde hace décadas se ubica en la planta baja de Balcarce 50.

Entre los 10 puntos del Acta que el Consejo buscará convertir en ley hay dos que son prioritarios para la Rosada: el 8 y el 9. “Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal” y “una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron”. Para el primer punto imaginan un proyecto mucho más ambicioso que el que la Justicia anuló en el DNU 70 y de los cambios incorporados a la Ley Bases.

Para reformar el sistema jubilatorio piensan en equiparar la edad jubilatoria de mujeres y hombres. “Tantos años hablando de igualdad que es extraño que no se haya avanzado en ese sentido”, señaló un funcionario con llegada al Presidente. El Gobierno había eliminado el regreso de la AFJP del Acta de Mayo para no generar resistencias entre los gobernadores. También sostienen que la reforma menemista echó luz porque terminó desfinanciando a la ANSES.

Las declaraciones del ex secretario de Bioeconomía Fernando Vilella, que reflexionó que los productores no liquidan porque esperan una devaluación, no cayeron bien en el corazón del Gobierno. “Confirman que hicimos bien en desprendernos de él”, sostienen. En el Ejecutivo nunca descartan cambios.

Además del decreto con el Consejo del Mayo, la secretaria Legal y Técnica ultima los detalles del DNU con la nueva ley de ministerios. También el decreto 50 que servirá para reordenar las dependencias que colgaban de jefatura de Gabinete y ahora pasarán a depender de Federico Sturzenegger. Entre tantos cambios también se espera el nuevo organigrama de la nueva vieja SIDE, con su nombre original.

Para conseguir parte de los US$ 12 mil millones que el Gobierno necesita para levantar el cepo, en el Gobierno saben que no alcanza solo con el RIGI ni con el superávit de las cuentas y el anuncio de la emisión cero. Para arrimarse a la suma piensan en vender cerca de 300 terrenos fiscales que administra la AABE por un valor de US$ 2 mil millones.

Milei y su equipo mantienen la cautela para levantar el cepo y son menos cuidadosos a la hora de hablar de los posibles riesgos de adelantar esa jugada. Aseguran que prefieren evitar una devaluación que hunda en la pobreza al 75 por ciento de los argentinos y no creen que la principal variable que el Gobierno necesita despejar sea la política. «Macri se la puso de sombrero, porque aumentó dos puntos el gasto público«, reflexionaron funcionarios con despacho en la Rosada. Consideran que el piso de la actividad económica ya se tocó su piso. Menos certezas tienen sobre el rebote de la misma.

El Gobierno se aferra a sus dos candidatos a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, al tiempo que no descarta ampliar el máximo Tribunal. A los funcionarios a cargo con el vínculo con la el Poder Judicial les gusta la composición de 9 miembros que marcaba la Constitución alberdiana de 1853 y la reforma menemista que llevó a la mayoría automática. Descartan de plano la posibilidad de que la Corte se divida en diferentes salas. “Todos tienen que ser constitucionalistas”, avisan.

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