Tras la presentación judicial realizada por jefes policiales de Viedma contra el gremio docente la respuesta de la Unter fue recurrir a la Justicia para formalizar una denuncia por las agresiones recibidas y, además, pidió convertirse en querellante.
Lo hizo a través de su asesor legal, el abogado Jorge Broggini, quien planteó que «dirigentes, afiliados, docentes pertenecientes a esta sindical y demás personas presentes en el lugar», «fueron víctimas» de «una brutal y totalmente ilegítima represión por partes del personal policial y/o de seguridad comisionado en el operativo».
En la formulación de la denuncia destaca que la consecuencia fue que «un número significativo de personas» sufrieron «lesiones y otras múltiples afecciones corporales por el uso desmedido de la fuerza física y de gases lacrimógenos y/o pimienta».
La presentación requiere, como medidas de prueba, «recibir la declaración de testimoniales de las personas presentes» y anticipa que los «datos identificatorios serán oportunamente aportados», pedir a la Jefatura de Policía de Río Negro un «informe detallado» del personal que participó en el operativo y al hospital Zatti sobre «las personas que fueron atendidas» por los hechos ocurridos y «lesiones en cada caso verificadas».
Además, los máximos dirigentes del la entidad: Silvana Inostroza y Gustavo Cifuentes, cumpliendo lo establecido en el estatuto de Unter pidieron constituirse «como parte querellante en esta causa» y ratificaron «en todos sus términos» la denuncia presentada por el asesor legal.
En línea con esa presentación los dirigentes gremiales también plantearon que «fueron víctimas de una brutal» represión y destacaron las «lesiones y otras múltiples afecciones corporales» sufridas por los presentes.
Incidentes en la Legislatura: duro comunicado del oficialismo
Por otra parte, ayer se conoció un comunicado de la Agrupación lista Unidad Azul Arancibia, que conduce la Unter, donde se indica que «lo ocurrido el 26 de septiembre en la Legislatura de Río Negro es la muestra de odio hacia el sindicato crítico que no se pone de rodillas, como más de una autoridad desearía».
Agregaron que «el gobierno pretende colocarnos en el concepto de violentos pero no habla de la violencia de pérdida de clases por falta de alimentos, por roturas en las escuelas, por la falta de agua, de transporte escolar, o salarios que no son como los de los legisladores ni diputados ni senadores nacionales».
Ese sector sindical fue muy duro con algunos de los integrantes del parlamento provincial al sostener que «llegará el día en que los representantes del Gobierno, y el bufón que presentó el proyecto atropellando derechos, tendrán que dar cuenta de los conflictos institucionales y escolares que se vendrán por esta ley que supuestamente recupera la educación».
La nota firmada por Patricia Cetera, Héctor Roncallo, Lúa Hernández y Marcelo Nervi marcó la contradicción que Educación establece jornadas «para promover prácticas democráticas escolares cuya planificación y organización queda en manos de los únicos que sostienen el sistema educativo: los docentes».
La investigación inicial quedó a cargo de la fiscal Paula Rodríguez Frandsen. El viernes comenzó a recolectar prueba, entre otras con testimoniales.
