Tres años de prisión en suspenso, decomiso de la retroexcavadora e inmediata intervención del Estado provincial en toda la zona afectada. El condenado no irá preso, pero sobre la figura de Ricardo La Regina ahora pesará una certeza probada por ley: es el primer hombre condenado por un ecocidio en la Argentina.
Como se trata de una pena de ejecución condicional, el condenado no irá a la cárcel. Por mayoría, los jueces determinaron que La Regina deberá, además de pagar las costas del proceso, abstenerse de circular por la zona en vehículos de gran porte, tendrá prohibido realizar obras o mejoras sin autorización y deberá colaborar con las tareas de restauración del medio ambiente.
De este modo cierra la historia de la masacre de la pingünera de Punta Tombo, Reserva Unesco de la Humanidad. Es la historia de un daño ambiental sin precedentes, sangriento y brutal. La Regina montó la retroexcavadora y avanzó sobre la zona. Dijo que buscaba trazar una camino y planteó, durante las audiencias, que ahora, “con el diario del lunes”, estaba arrepentido.
Pero en ese momento no se detuvo y en su afán modificador de la naturaleza pasó por encima de toda forma de vida. El resultado: 175 especímenes de pingüinos magallanes aplastados y reventados, junto a sus nidos y a por lo menos 292 huevos. También colocó boyeros eléctricos para impedir el paso de animales y convirtió el área en una trampa mortal, en un lugar de muerte. En la soledad de las costas de Chubut, la masacre parecía encriptada. Podría haber quedado detenida en su forma, suspendida en el tiempo y pasado al olvido. El viento habría borrado pruebas.
Pero en el área apareció el biólogo experto en pingüinos, Pablo Borboroglu, titular de la Global Penguin Society. Borboroglu llegó a la zona unas pocas horas después de la masacre. Se movió como un perito forense, que trabaja en caliente sobre la escena del crimen. Su pesquisa fue clave para apuntalar el caso, los basamentos de la investigación que llevó adelante con extremo profesionalismo la fiscal de Rawson, Florencia Gómez.
Gómez logró algo inédito. Sin precedentes. Fiscales de todo el país toman nota de su trabajo. Logró el apoyo de National Geographic para reconstruir el caso. Droneó el área de la masacre. Fue todo lo lejos que pudo y planteó un enseñanza fundacional sobre el delito de ecocidio y la propiedad privada: se puede ser dueño de la tierra, de un lote sobre áreas naturales, pero no se es dueño de la flora y de la fauna silvestre que pudieran habitar dentro de sus límites.
“El imputado Adolfo La Regina se crió y vivió toda su vida en estos campos, conociendo al detalle los mismos y en especial la colonia de pingüinos, así como la importancia de su conservación, dado que su propia familia incentivó los cuidados por la flora y fauna nativa, lo que incluso motivó a la donación antes mencionada”, dice Gómez.
“Por todo esto, dada la edad, la posición social y cultural, así como el claro conocimiento del área y de los pingüinos, incluido el ciclo de arribo y reproducción en la Estancia, debe tenerse en cuenta para definir la pena, el claro conocimiento de las consecuencias de los hechos que realizó el imputado”, agrega en diálogo con Clarín desde el Sur.
‘En todo momento tuvo conocimiento del daño que generaba y de la ilegalidad de su accionar, pero sin embargo no cesó en su cometido, demostrando una desaprensión extrema por la flora y fauna nativa, pero en especial por los Pingüinos de Magallanes, en conductas crueles y incomprensibles”, cierra y aporta una frase del Mahatma Gandhi: “La grandeza y el progreso moral de una nación puede medirse por la forma en que trata a sus animales”.