La oposición dura y sectores dialoguistas en la Cámara de Diputados convocaron a una sesión especial la semana que viene -la última del período ordinario- para intentar rechazar el DNU 846 que le permite al ministro de Economía, Luis Caputo, renegociar la deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso.
La decisión se tomó tras una reunión entre los gobernadores, que buscan con esta maniobra obligar al Gobierno a negociar el Presupuesto 2025.
La semana pasada, Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (radicales) habían convocado a una sesión especial con el mismo objetivo, pero no consiguieron quórum. El Gobierno jugó muy fuerte y logró que los mandatarios provinciales bajen diputados de casi todos los bloques.
Los gobernadores confiaban en que, tras esa muestra de buena voluntad, los funcionarios de la Casa Rosada iban a hacer concesiones en algunos de los cinco puntos clave que se venían negociando. Sin embargo, el jueves de la semana pasada no hubo ningún acuerdo en la comisión de Presupuesto y su titular José Luis Espert directamente suspendió la reunión de este martes. Era la última oportunidad formal de llegar a un dictamen.
En una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas de la prensa, Espert aseguró que “la voluntad del Poder Ejecutivo es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener el presupuesto”. Y aclaró que si en las próximas semanas había avances en las negociaciones con los gobernadores y la oposición dialoguista evaluarían “la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para su tratamiento”.
Una vez vencido el plazo para dictaminar en la comisión, ahora el Presupuesto 2025 sólo podrá ser aprobado en sesiones extraordinarias; y para eso tiene que haber una convocatoria del Poder Ejecutivo. Es decir, si Milei no llama a extraordinarias, la oposición no tiene más remedio que esperar hasta marzo para intentar alguna maniobra legislativa.
Justamente la dura postura de la Casa Rosada hace sospechar a sectores de la oposición que en realidad el Gobierno no quiere aprobar un nuevo plan de gastos para volver a prorrogar -por segundo año consecutivo- el vigente. Esto le otorgaría una discrecionalidad casi total al Poder Ejecutivo porque en contextos inflacionarios, donde se recauda más de lo presupuestado, los excedentes pueden ser direccionados a voluntad del oficialismo por decreto.
En ese sentido, consideran que el rechazo del DNU 846 obligaría a la Casa Rosada a sentarse en la mesa de negociación dado que reestructurar la deuda en moneda extranjera es una necesidad vital para sostener el programa económico. Si Caputo no puede hacerlo vía DNU, necesariamente tiene que incluir una cláusula similar en el Presupuesto.
“La semana pasada nosotros les explicamos a los gobernadores que rechazar el DNU los empoderaba para negociar, pero, aun así, no quisieron confrontar con el Gobierno”, explicaba un diputado de Encuentro Federal. Sin embargo, la intransigencia del Gobierno cambió el panorama.
Desde las filas oficialistas aseguran que los cinco puntos que reclaman las provincias (deudas con cajas previsionales, coparticipación del impuesto a los combustibles, devolución de los fondos destinados a ARCA, redistribución de los fondos para Aportes del Tesoro Nacional y compensación del Pacto Fiscal de 2017) representan USD 3.700 millones en déficit fiscal. También señalan que si Argentina crece 5%, tal como prevé el Presupuesto, las provincias pasarán de recibir fondos coparticipables por USD 40 mil millones a USD 57 mil millones.
“Además, el Gobierno se está quedando sin USD 10 mil millones del impuesto PAIS que se termina en diciembre. Los gobernadores están tirando demasiado de la cuerda”, explicaron cerca de Martín Menem.
Ahora tanto Unión por la Patria como Encuentro Federal y Democracia para Siempre cuentan los votos para volver a la carga el próximo martes. El primer paso fue asegurarse que esta vez los gobernadores no van a operar en contra del quórum.
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