El PP ha presentado un escrito de queja en el Congreso contra la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, a la que acusa de actitud partidista y doble vara de medir al moderar los debates en el hemiciclo, con «laxitud» hacia el Gobierno y sus aliados, y «rigidez» con la oposición.
El detonante de este escrito de queja es el Diario de Sesiones del Pleno del pasado 20 de noviembre, en el que el PP exigió que se retirase el término «psicópata» que el diputado Francisco Ibáñez (Compromís) dirigió al presidente valenciano, Carlos Mazón.
Como se comprometió Armengol, ese insulto fue retirado, pero también otras 21 expresiones según lo que consideran una «curiosa distribución»: 13 del PP, cuatro de Vox, dos de Sumar, dos del Grupo Mixto, una del PSOE y cero del Gobierno.
Entre las palabras que se han puesto entre corchetes –en realidad no se borra nada porque en ese caso el diario quedaría ilegible– figuran palabras como «banda», «esperpento», «títere», «negligente», «mentiroso» o «traidor» que ese día se vertieron contra el Gobierno.
DIECISÉIS MESES SIN NEUTRALIDAD
Para el PP, tras 16 meses en la Presidencia del Congreso, «la ausencia de neutralidad y la arbitrariedad» en las decisiones de Armengol son «la norma habitual», su «neutralidad e imparcialidad están «en entredicho», y resulta «difícil» encontrar una sesión plenaria en la que no haya habido algún conflicto «por su actitud partidista en ejercicio de la función moderadora de ordenación de los debates».
«Es incontestable su laxitud en la interpretación del Reglamento cuando atañe a los miembros del Gobierno, los diputados de su Grupo Parlamentario, el Socialista o los grupos que apoyan al Gobierno, y la rigidez e interpretación de parte cuando se trata de censurar argumentos expuestos por este Grupo Parlamentario», sostiene el escrito del PP firmado por su portavoz, Miguel Tellado.
En su queja, a la que ha tenido acceso Europa Press, los ‘populares’ insisten en que las «decisiones arbitrarias» de Armengol y su «seguidismo» con el Gobierno contribuyen «al deterioro de la imagen y el prestigio de la Cámara, abundando en la mayor degradación de la política española desde la Constitución de 1978».
Por ello, exigen que la Presidencia «corrija los criterios de retirada de expresiones», que actúe en el mismo momento en que se producen los exabruptos evitando usar «el VAR» del Diario de Sesiones, y que se «sancionen los constantes insultos, injurias, calumnias y faltas de respeto por parte de determinados miembros del Gobierno y de los grupos que lo apoyan», sin descartar la aplicación de «medidas disciplinarias».