Con un extenso pronunciamiento, emitido el sábado 7 de diciembre de 2024, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, se refirió a las afirmaciones hechas por Rodrigo Londoño Jiménez, alias Timochenko, excomandante del antiguo secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que cuestionó el papel del tribunal transicional.
En la misiva, dirigida a la opinión pública, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, países garantes y acompañantes y la Corte Penal Internacional, el togado defendió la labor del tribunal, al afirmar que “no puede pasar por alto el dolor de las víctimas y sus demandas de verdad” como, según él, pretenden algunos sectores, “que desde la política quieren que la JEP desvíe su mandato”.
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Ramelli emitió estas declaraciones luego de que Timochenko, a su vez, criticara lo dicho por el magistrado, en el sentido de que si no concluyen los procesos que tiene a su cargo el tribunal transicional, durante el periodo en el que estará en vigencia, durante 2037, los comparecientes deberán responder ante la justicia ordinaria; afirmaciones que generaron controversia.
“En reiteradas ocasiones hemos expuesto nuestras preocupaciones por la distancia que la magistratura de la JEP ha tomado de la letra y el espíritu del Acuerdo. Desde abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Secretario General Antonio Guterres, atendiendo nuestras preocupaciones, alertaron al Estado sobre la demora de la JEP en emitir sentencias y la inseguridad jurídica que esta situación generaba en los comparecientes”, expresó Londoño, director del partido Comunes, en una carta.
En su carta, Ramelli, recordó que lo que se acordó en el proceso de paz que se adelantó en La Habana (Cuba) con las Farc, y tras los ajustes efectuados luego por el plebiscito, el Legislativo y la Corte Constitucional, es que el modelo de la JEP responde a los principios de la justicia restaurativa, “cuyo centro son las víctimas”; un mecanismo que, según añadió, fue reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).
“En él participan de manera individual y colectiva alrededor de 400.000 víctimas, de todos los sectores de la sociedad, campesinos y comunidades étnicas. La verdad judicial ha permitido que las heridas empiecen a sanar y que las víctimas empiecen a encontrar a sus desaparecidos”, destacó el magistrado titular de la jurisdicción especial.
En desarrollo…