La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este lunes que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner, junto a una treintena de acusados, deberán enfrentar un juicio oral y público en la causa conocida como «Los Sauces-Hotesur«.
En este expediente se investigan presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita relacionados con el alquiler de propiedades y hoteles de la familia Kirchner a empresarios vinculados a contratos con el Estado.
Según el fallo, el máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas, ratificando así la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Esta última había revocado los sobreseimientos dictados previamente y ordenado avanzar con el juicio oral.
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El fallo de la Corte señaló: «No se ha demostrado un supuesto de gravedad institucional —con la precisión y concreción que es dable exigir en este tipo de alegaciones— a fin de sortear la ausencia de una decisión definitiva o equiparable a tal».
Al mismo tiempo, agregó que: «De tal modo, también respecto de este planteo el recurso carece de la fundamentación autónoma exigida por el art. 15 de la ley 48. Como tiene dicho este Tribunal, si se invoca gravedad institucional el interesado tiene una particular carga de justificación Dicha carga no se ha satisfecho en el caso, en tanto el planteo no se basa en un serio y concreto razonamiento que demuestre la concurrencia de aquella circunstancia.»
«Así, no basta afirmar genéricamente que acude en la especie un caso de gravedad institucional en tanto ‘este proceso excede el interés individual de las personas que representamos y se proyecta sobre ámbitos de discusión pública», comunicó.
Esta es la segunda vez en dos semanas que la Corte Suprema ordena que la expresidente enfrente un juicio. El pasado 5 de diciembre, el máximo tribunal tomó una decisión similar en la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán, aunque también confirmó su sobreseimiento en la investigación sobre el caso del dólar futuro.
Una situación complicada para Cristina Kirchner
El panorama judicial de Cristina Kirchner se encuentra marcado por múltiples frentes. La semana pasada, el Tribunal Oral Federal 7 fijó para el 6 de noviembre del próximo año el inicio del juicio oral en la causa de los «cuadernos de la corrupción«.
Además, en 2025, la Corte Suprema deberá revisar la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el caso de la obra pública en Santa Cruz.
Las empresas Los Sauces y Hotesur, pertenecientes a la familia Kirchner, son el eje central de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
El caso apunta a que los alquileres de los hoteles y propiedades de estas sociedades a empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa habrían sido una forma de retribuir las adjudicaciones de obras públicas que estas empresas obtuvieron durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
La causa, inicialmente enviada a juicio oral, tuvo un giro cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 sobreseyó en noviembre de 2021 a todos los imputados.
Sin embargo, en septiembre de 2023, la Sala I de la Cámara de Casación revocó los sobreseimientos y ordenó realizar el juicio, exceptuando a Florencia Kirchner, cuyo sobreseimiento quedó confirmado.
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Las defensas de los acusados apelaron el fallo de Casación con el objetivo de reinstaurar los sobreseimientos, pero este lunes la Corte Suprema de Justicia rechazó esas apelaciones, allanando el camino para que el caso avance.
Con esta decisión, la causa regresa al TOF 5, conformado para este proceso por los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli.
Ahora, el tribunal deberá reanudar las acciones pendientes, entre ellas las medidas probatorias solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien ya había pedido activar investigaciones que estaban en pausa a la espera del fallo de la Corte.
Entre las pruebas clave que deberá evaluar el tribunal se encuentra el entrecruzamiento de llamadas entre Cristina Kirchner y sus colaboradores con Lázaro Báez, similar al realizado en la causa de la «ruta del dinero K«.
También se analizarán los mensajes del celular del ex secretario de Obras Públicas, José López, que resultaron fundamentales en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.
Dichos mensajes, que forman parte del denominado «Plan limpiar todo«, mostraron comunicaciones entre la expresidente, López, Báez y otros funcionarios, revelando estrategias relacionadas con las obras adjudicadas en la provincia.
Además, la Fiscalía solicitó nuevos operativos, incluyendo la obtención de información de propiedades en la municipalidad de Río Gallegos, así como la conclusión de los peritajes ordenados en la causa.
Con el fallo de la Corte, el juicio vuelve a tomar impulso y las pruebas pendientes serán determinantes en el desarrollo del proceso judicial.