Este lunes el Gobierno confirmó la eliminación del Impuesto PAIS, una medida que ya había sido anticipada como parte del plan para levantar el “cepo al dólar”. Milei busca liberar la circulación de divisas en función de beneficiar al capital más concentrado ligado a la economía primarizada y siguiendo los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de las negociaciones por un nuevo préstamo. La medida puede golpear aún más a sectores de la industria que vienen cayendo y trasladando su crisis a los trabajadores mediante decenas de miles de despidos.
Esta decisión implica un cambio significativo en el régimen tributario aplicado a las operaciones en dólares. Hasta ahora, el Impuesto PAIS establecía un recargo del 7,5% sobre el tipo de cambio oficial para las importaciones y del 30% para las operaciones con tarjeta de crédito en moneda extranjera. Aunque quedó vigente el 30% de percepción de Ganancias y Bienes Personales para los gastos en dólares con tarjeta.
Al fomentar las importaciones y reducir los ingresos fiscales, la decisión del Gobierno aumenta la presión sobre la brecha cambiaria y el ajuste presupuestario. Milei apuesta a que el crecimiento de las exportaciones tanto de materias primas como de los industrializados con bajo valor agregado, compense las pérdidas. De lograr este objetivo sería un paso adelante profundizar la primarización del país, acrecentando su dependencia del capital extranjerado y destruyendo puestos de trabajo registrados con sueldos mayores al promedio.
Esta tendencia ya se viene expresando en las estadísticas de este año. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su informe sobre sobre el avance del nivel de actividad para el tercer trimestre de 2024 informó que el nivel de actividad sigue un 2,1% por debajo del mismo trimestre de 2023. Si bien la actividad muestra una mejora con respecto al segundo trimestre, la actividad está muy por debajo de 2023 (que también fue un año de caída, -1,6%), y entre las pérdidas más influyentes se encuentra la industria manufacturera ; que acumula una caída del 5,9%. En el otro extremo, subieron la Agricultura (+13,2%) y Explotación de minas y canteras (+6,6%).
La Unión Industrial Argentina (UIA), principal representante de las grandes patronales industriales, no ha expresado un rechazo explícito a esta medida. En cambio, ha centrado su discurso en la necesidad de avanzar hacia una reforma laboral y tributaria que, según argumentan, mejore la «competitividad» de las empresas. Estas propuestas incluyen la flexibilización de las condiciones laborales y la reducción de impuestos que afectan a las ganancias empresariales. El trasfondo de estas demandas es claro: buscar mayores márgenes de ganancia a costa de los derechos y condiciones de vida de los trabajadores.
La UIA, avala el esquema general del Gobierno que implica una apreciación cambiaria (dólar barato), el pago de la fraudulenta deuda externa y el ajuste fiscal. La disputa con el Gobierno no es por un modelo económico muy diferente, sólo buscan preservar sus propios intereses. Incluso hay diferencias entre los industriales, ya que los sectores ligados a la energía o los bancos, están teniendo ganancias extraordinarias y muestran un mayor alineamiento con el Gobierno.
No hay ningún sector de los empresarios que busque una reconversión de la estructura productiva del país, un paso fundamental para salir del atraso y la independencia. Sólo un Gobierno de la clase trabajadora, conquistado con la movilización revolucionaria de la clase obrera y el pueblo pobre puede reorganizar la sociedad y permitir un desarrollo económico superior mediante la planificación democrática de la economía. Esa planificación democrática, ejercida por la propia clase trabajadora en cada empresa, podría garantizar un plan integral que, al mismo tiempo, que permitan el desarrollo, garantice cada vez mejores condiciones de vida para el conjunto del pueblo trabajador.