La municipalidad de la ciudad de La Falda, a pesar de jactarse de disponer de áreas supuestamente dedicadas al cuidado y atención de las mujeres en situación de distintos tipos de violencia y de implementar políticas de género dentro del mismo municipio (como la Ley Micaela), cesó las actividades laborales de una empleada por haber denunciado por acoso a un protegido compañero de trabajo.
Si haber favorecido con rentables negocios a empleados municipales no era suficiente, esta vez la municipalidad de La Falda decidió redoblar la apuesta de infringir sus conductas poco éticas, cruzando un límite que desafía, incluso, sus propios parámetros morales y políticos: la última semana de diciembre cesó las actividades laborales de Marina Perciavalle por haber denunciado por acoso en Tribunales, en junio del año pasado, a un protegido compañero de trabajo.
Marina Perciavalle se desempeñaba en el área de protección animal que tiene el municipio, administrando un refugio para perros de la calle, en donde se les brindaba contención, alimento, adiestramiento y eran puestos en adopción para encontrar familias comprometidas que se hicieran cargo de ellos con la responsabilidad debida.
Ella es adiestradora de perros y consiguió buenos resultados con su proyecto: logró transformar un «depósito» para perros, donde sólo los mandaban para morir, en el refugio anteriormente descrito. Durante el desempeño de sus tareas, había evidenciado un profundo afecto y dedicación hacia la defensa de los animales, centrándose en aspectos que iban más allá de su adopción.
Además, fue la persona responsable de idear el proyecto que actualmente se encuentra en funcionamiento en la ciudad, el cual obtuvo la aprobación de las autoridades municipales. El trabajo de Marina Perciavalle, además de encontrar hogares para los animales, consistió en ayudarlos a superar los traumas ocasionados por el maltrato humano, entrenarlos, reconstruir su confianza en las personas y siempre dar prioridad al bienestar tanto del perro como de su adoptante.
Marina sostiene que el resultado del trabajo de 4 años en esa área comenzó con 61 animales y se levantaron de la vía pública a 285. En este contexto, se dieron en adopción a 180 y se encontraron los dueños de 150 perros callejeros. Además, cuenta que en el refugio murieron solamente 4 y terminó el 2024 únicamente con 13 perros. Asimismo, ella realizó un trabajo de adaptación y seguimiento con cada animal dado en adopción.
A pesar de estos grandes resultados conseguidos al cuidado de estos animales desamparados, todo cambió para Marina cuando empezó a recibir acoso por parte de un compañero de trabajo. Según cuenta en una entrevista telefónica a un medio de la ciudad de Cosquín, a raíz de un inconveniente sucedido cambian a la persona que se ocupaba de darle de comer a los perros en el refugio.
Como consecuencia de esto, empezó a tener un hostigamiento telefónico de parte de este hombre (quien le dijo que era oriundo de Mendoza y que venía a vivir a La Falda sin compañía), a pesar de que ella le insistía con que ya no la acosara y que no le gustaba lo que le estaba diciendo.
Sin embargo, el acosador hizo caso omiso a ese pedido, habiendo accedido a su número de teléfono por medio del grupo de WhatsApp que tienen los miembros de seguridad animal. Marina cuenta que le mandaba mensajes subidos de tono a las 3 de la mañana, y que ella seguía insistiendo con que cesara el envío de sus mensajes en tono acosador, pero había una continuidad.
Su jefa era la Directora de Relaciones Institucionales, Jorgelina Rial, a quien le comunicó su situación y quien le aseguró que le iba a decir que parara, pero el acosador también hizo caso omiso a este pedido cuando le ordenó que no continuara mandándole estos mensajes.
Entonces se dirigió al área de recursos humanos del municipio, donde habló con la señora Mayra (en la entrevista telefónica no indica su apellido) y le presenta todas las pruebas: esta señora le dice que, si dependiera de ella, lo sacaría instantáneamente al acosador de su puesto de trabajo. Sin embargo, terminó por decirle que no dependía de ella, sino del señor Gonzalo Murúa (Secretario de Gobierno de La Falda y concuñado del intendente).
Seguidamente le solicita a la mencionada señora Mayra una constancia de que lo estaba denunciando a ese hombre, porque el refugio estaba en una zona alejada y no sabía qué es lo que le podía llegar a hacer. Sin embargo, le informa que tampoco se lo pueden dar porque también esa es decisión de Gonzalo Murúa.
Entonces Marina le dice que, si no le daba un certificado, se dirigiría a la policía para hacer la denuncia. Y efectivamente fue lo que hizo: primero iba a realizar una denuncia por acoso, pero en la policía, al presentar ciertos mensajes, le informan que la denuncia debería ser por acoso y amenazas, debido a que existía un mensaje en particular donde el acosador decía que, cuando la encontrara en el refugio, le iba a decir «cosas lindas«, a pesar de que ella no quería.
Cuando automáticamente ingresó la denuncia de la policía al municipio Marina recibió un llamado de su jefa, Jorgelina Rial, en donde le comunica que no debía presentarse a trabajar hasta nuevo aviso. Entonces cae en la cuenta de que quien había sido apartada era ella, quien no había hecho nada, sólo denunciar a alguien que la estaba acosando y amenazando.
Desde que denunció a su compañero de trabajo su vida cambió drásticamente, ya que se convirtió en un verdadero caos. Comenzó a trabajar con la psicóloga del área de la mujer de la municipalidad, debido al miedo que le producía ir hasta el refugio y encontrarse con su acosador.
Marina le contó a su jefa, Jorgelina Rial, acerca de este miedo que sentía, pero a ella no le importó, y sólo se limitó a decirle «la que tenés miedo sos vos, Marina, ¿por qué no te pedís el cambio de área o por qué no te vas del área?«.
Marina, ante la indiferencia total que su jefa le demostraba con respecto a ese miedo que sentía, quiso contarle una historia personal acerca de un episodio de maltrato que había sufrido para lograr obtener cierta empatía y consideración de su parte y que pudiera entenderla, pero la respuesta que obtuvo por parte de su jefa demostraba incluso menos interés que la respuesta que anteriormente le había proporcionado: «a mí no me interesa tu historia, para eso te pusimos una psicóloga«.
Marina afirma no haberse sentido protegida y sufrir el desamparo total por parte de su jefa, quien es una inoperante total en el área que en la está trabajando, ya que ella es odontóloga de profesión.
Como medida de protección, Gonzalo Murúa (previo a una audiencia personal que tuvo con él), quien en el pasado fue parte de las fuerzas policiales, únicamente le puso a disposición el servicio de seguridad de la municipalidad, llamado «Ojos en alerta«, para que, de vez en cuando, se «dieran unas vueltas por el refugio» (sic).
Sin embargo, Marina sostiene que avisó tres veces acerca de posibles sucesos de acoso y las tres veces no acudieron a sus llamados. Entonces trató de solucionarlo de manera propia a través de la ayuda de sus allegados: debió pedirle a su hijo que la acompañe para poder trabajar, así como también a unos amigos que sí se solidarizaron con su situación.
Asimismo, la otra acción simbólica que dispuso el municipio para su «cuidado» fue que Marina y su acosador no compartieran los mismos horarios de trabajo. Posteriormente, Marina cuenta que crearon otro grupo de WhatsApp, porque no podían tener contacto con este hombre, y se empezaron a tomar decisiones sobre los perros sin informarle a ella: no le proporcionaban información clave de los animales, tales como perros cuyos dueños habían aparecido, o la edad aproximada o enfermedades de los demás perros que el refugio iba acogiendo.
Asimismo, no le contestaban ninguna de sus consultas o no le daban información para poder realizar su trabajo, el cual, a pesar de este destrato, continuaba realizando.
A partir de la denuncia en la Mesa Judicial de La Falda, su situación dentro del municipio cambió rotundamente, ya que hubo momentos en que no sólo le proporcionaban la opción de un cambio de área, sino que llegaron al tal punto de comenzar a cansarla y desgastarla para que tomara la decisión de irse. Pero eso no sucedió.
Fue así que fueron excluyéndola de decisiones y medidas que se tomaban en el refugio, no haciéndola partícipe de la elaboración e implementación de las mismas, y comenzando a aislarla.
Marina cuenta que quisieron digitalizar todo lo referido al área y que no le brindaron el acceso a una computadora (ni siquiera de las mismas que tiene el municipio), a pesar de que sostenía que ella no tenía una computadora en su casa para realizar esta labor. Así, sólo le dijeron, según su testimonio, «arreglátela, fíjate con quién conseguís una computadora«.
Fue así que el día 30 de diciembre la llamaron a las 2 de la tarde, cuando ya todos los funcionarios se habían ido, y desde recursos humanos le dijeron que, a partir del 2 de enero, se quedaría sin trabajo.
Marina Perciavalle pidió explicaciones acerca de los motivos del cese de sus actividades laborales en el municipio, pero no obtuvo respuestas y le cerraron todas las vías de comunicación. Trató de hablar con Javier Dieminger, el intendente radical de La Falda, pidiendo incluso una audiencia con él, y no tuvo respuestas, igualmente a lo que sucedió cuando intentó hacer lo mismo con Gonzalo Murúa.
Según cuenta, la única persona que tuvo la consideración de atender sus reclamos fue Luciana Pacha (viceintendente de La Falda), a quien le explicó todos los problemas. Sin embargo, Pacha no tiene la potestad de revertir la medida del Secretario de Gobierno, quien tomó la decisión de despedirla.
A pesar de esta decisión, Marina no abandonó a los perros y al refugio, y continuó trabajando hasta el día 15 de enero, momento en que Luciana Pacha le comunica que, desde Recursos Humanos, ya tuvieron una reunión con ella y que no debería estar trabajando. A partir de esta respuesta es que decide hacer público su caso, al considerar como injusta la situación que está viviendo.
Actualmente el acosador protegido, que está denunciado, permanece impunemente trabajando en el municipio: según Marina, hasta le dieron otro puesto aparte del refugio animal, continuando con sus labores, mientras ella se encuentra actualmente desempleada. Independientemente de las consecuencias que pudieran presentarse, Marina nunca dudó en realizar las denuncias correspondientes hacia su acosador.
Cuenta que pensaba que tenían, en la ciudad, dirigentes totalmente diferentes, con una cierta empatía hacia una problemática como la que denuncia, más aun teniendo en cuenta que desde el municipio promueven proyectos y políticas públicas contra la violencia de género, como la ley Micaela, etc.; o contando incluso con áreas supuestamente dedicadas a prevenir situaciones de violencia de género, que en la práctica sólo parecen funcionar como kioscos municipales que se dedican a ubicar militantes a cambio de un sueldo (generalmente oneroso) percibido por hacer absolutamente ninguna actividad laboral.
Así, La Falda pretende mostrarse como un municipio que siempre ha estado involucrado en estas temáticas y políticas de prevención de todo tipo de violencia hacia la mujer, pero, según Marina, únicamente «para la foto» (sic).
Marina, de esta manera, da cuenta de haber sufrido violencia institucional por parte del municipio de La Falda, y esta situación repercutió tanto en su salud mental (a raíz del episodio de acoso) como en su salud física, terminando incluso 3 veces internada en el hospital, en donde le administraron medicamentos y oxígeno, producto de lo que toda esta situación le estaba provocando a nivel físico.
Hoy en día no quiere salir de su casa: según relata, está entrando en un estado depresivo donde se está encerrando en sí misma, producto de su despido (al denunciar a un acosador) y al hecho de estar alejada de los perros que con tanto esfuerzo y contención ha cuidado durante todo este tiempo.
A raíz de la denuncia realizada, Marina sostiene que se cortaron todas las comunicaciones con el municipio encubridor de acosadores. Sostiene que, desde la unidad judicial y al día de hoy, la situación se encuentra en la nada misma, ya que no sigue de cerca el caso, el cual parece haber sido archivado (¿tal vez por algún pedido, orden o favor por cobrar?) y habiendo conseguido sólo una medida de restricción perimetral para con el denunciado.
Así, los pasos a seguir es esperar a ver qué contesta el municipio acerca de esta situación. Sin embargo, Marina sostiene que lo más probable es que no van a contestar absolutamente nada, como pasó con otras notas que salieron recientemente relacionadas con cuestionables actividades del municipio, de las cuales no dieron explicaciones de nada. Esto deja en evidencia que la municipalidad de La Falda no sólo favorece con negocios a algunos de sus empleados, sino que también protege y encubre a acosadores denunciados que desempeñan más de una función en el municipio.