Washington, 24 ene (EFE).- La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Venezuela, Gloria De Mees, denunció este viernes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) las «violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela en el contexto electoral».
De Mees compareció ante la organización para presentar el informe ‘Venezuela: Graves violaciones de los derechos humanos en relación con las elecciones’.
El extenso documento, que se publicó tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para su tercer mandato, el pasado 10 de enero, recoge, según dice, evidencias de que el Gobierno de Venezuela llevó a cabo una estrategia represiva en el contexto electoral.
Este informe no fue elaborado tras una visita de la CIDH al país caribeño, sino a través de fuentes primarias y secundarias de información.
De Mees compareció por videoconferencia en la OEA para explicar el análisis a los países reunidos, que ya habían recibido una copia previamente.
«El control de las instituciones destinadas a promover y proteger los derechos humanos y la democracia, unido a la corrupción a gran escala para el cobro de rentas legales e ilegales, ha garantizado la impunidad de las fuerzas de seguridad. Estas acciones han comprometido la gobernanza y han afectado significativamente al disfrute de los derechos humanos», aseguró la relatora durante su exposición.
El informe acusa a Maduro, investido para un tercer sexenio pese a las denuncias de fraude, de haber llevado a cabo una represión tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con «al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes».
Además, asegura que Maduro no solo «ejecutó prácticas de terrorismo de Estado» para «impedir la participación política de la oposición», sino que también «implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder».
Según intervinieron, las delegaciones condenaron la situación en el país sobre la base de las pruebas que reflejaba el informe, pero hubo cierta discrepancia en las formas de referirse a Maduro.
Esta fue una de las reclamaciones del embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, quien pidió que debían referirse al mandatario venezolano como «dictador» y reclamó la forma en la que otras delegaciones trataban el asunto.
«Si gana la dictadura en Venezuela perdemos todos. Faltan países que estén poniendo lo que hay que poner para apoyar», afirmó.
Por su parte, el secretario general de la organización, Luis Almagro, pidió solidaridad a los países miembros del organismo ante «la crisis que sufre Venezuela».
«Tenemos que mostrar solidaridad ante el ataque de la libertad de expresión, ante la persecución de niños y adolescentes, y las víctimas de tortura», pidió.
Otros países como Perú mostraron su apoyo al líder opositor Edmundo González Urrutia, que es reconocido por otros, como Estados Unidos, como «el presidente electo» de Venezuela, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Maduro el pasado julio, quien tomó posesión el 10 de enero como mandatario para un nuevo sexenio en el poder.
Esta sesión debía haberse celebrado el pasado 15 de enero, pero un error procesal en la entrega de los documentos a las delegaciones, obligó a trasladar el asunto a la sesión de este viernes.
En su lugar, catorce delegaciones en la OEA firmaron una declaración conjunta para rechazar el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro, por «carecer de legitimidad democrática» y aludieron la falta de «pruebas verificables de integridad electoral».
Caracas, 24 ene (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), agradeció este viernes el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -presentado hoy ante la Organización de los Estados Americanos (OEA)- en el que se denuncian «violaciones» de derechos humanos en el país caribeño en el contexto electoral de las presidenciales del 28 de julio.
«Agradecemos la presentación de este informe y reafirmamos nuestra lucha legítima por el respeto a la soberanía popular de los venezolanos», manifestó la PUD en referencia a lo que considera la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales, pese a que el ente electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro.
El informe -publicado el 7 de enero y presentado por la relatora de la CIDH para Venezuela, Gloria De Mees- fue elaborado a través de fuentes primarias y secundarias de información y no tras una visita del organismo al país caribeño.
En el escrito se acusa a Maduro de haber llevado a cabo una represión tras las elecciones con «al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes».
Además, asegura que Maduro -investido como presidente para un tercer sexenio pese a las denuncias de fraude electoral- no solo «ejecutó prácticas de terrorismo de Estado» para «impedir la participación política de la oposición», sino que también -dice el informe- «implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder».
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado consideró «contundente» el informe de la CIDH y afirmó que este documento «ratifica que el régimen (en referencia a la Administración de Maduro) comete prácticas de terrorismo de Estado».
Según cifras oficiales, más de 2.400 personas fueron arrestadas en el contexto de las protestas contra la controvertida victoria de Maduro, a las que la Fiscalía acusó de generar «violencia», una cifra mayor a la del Foro Penal, ONG que solo incluye casos reportados y verificados, y excluye a aquellos que han cometido delitos.
Foro Penal contaba hasta la semana pasada 1.687 personas arrestadas por motivos políticos, la mayoría de ellas detenidas en la crisis poselectoral.