El gobierno de Javier Milei anunció la creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), un organismo que colaborará con la Justicia en «recabar la información relacionada con el criptoactivo denominado $LIBRA» dentro de la causa que investiga el escándalo relacionado con dicha criptomoneda.
La instauración de esta unidad fue formalizada mediante la Resolución 72/2025 del Ministerio de Justicia, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y firmada por su ministro, Mariano Cúneo Libarona.
Esta medida responde al Decreto 114/2025, emitido el pasado jueves, en el que el Presidente ordenó a la Oficina Anticorrupción (OA) iniciar «las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción» en relación con el escándalo.
La resolución establece que la unidad estará bajo la responsabilidad de María Florencia Zicavo, quien ocupa el cargo de jefa de Gabinete del Ministerio.
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Javier Milei había instruido a la Oficina Anticorrupción para la investigación.
Imagen creada con inteligencia artificial
Según lo dispuesto, la UTI podrá «requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios públicos, órganos y organismos que conforman el Sector Público Nacional, conforme al artículo 8° de la Ley N° 24.156, y solicitar información, datos y documentación a organismos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Estados extranjeros y/u organismos internacionales».
El texto oficial dispone: «La UTI tendrá a su cargo la recepción y la gestión de los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado $LIBRA».
Adicionalmente, la Unidad será responsable de mantener informado al Ministerio de Justicia sobre cualquier denuncia que se presente contra los presuntos involucrados en delitos dentro del marco del proyecto relacionado con el criptoactivo.
Javier Milei instruyó a la Oficina Anticorrupción para que investigue
Milei instruyó a la Oficina Anticorrupción para que lleve a cabo las investigaciones necesarias «a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción» relacionados con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Asimismo, instó a que se presenten denuncias pertinentes ante el Poder Judicial.
En paralelo, se estableció la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) dentro del Ministerio de Justicia, con el propósito de recolectar información sobre el criptoactivo $LIBRA y «colaborar de manera ágil con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal».
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 114/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las investigaciones comenzarían este mismo jueves.
Críticas a la investigación de la Oficina Anticorrupción
El abogado constitucionalista y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Sabsay, expresó su escepticismo respecto a la intervención de la Oficina Anticorrupción en el escándalo vinculado al presidente Milei: «Si el controlante es dependiente del controlado, el resultado ya lo sabemos».
Durante una entrevista en Radio 10, Sabsay recordó que en el pasado fue muy crítico con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y que ahora mantiene la misma postura con la administración de Milei.
Sabsay advirtió que el presidente parece no estar al tanto de la legislación vigente al considerar que sus acciones podrían configurar un delito. El escándalo se desató luego de que el mandatario, a través de su cuenta en la red social X, compartiera un enlace promoviendo una inversión privada para «impulsar el crecimiento de la economía argentina».
«Es increíble el desconocimiento que tiene Milei de las bases del derecho constitucional. Las figuras que encuadra son abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario público», sostuvo.
Además, criticó la intención de Milei de recrear la Oficina Anticorrupción con el argumento de investigar su propia gestión y la de su equipo. «Es como si se estuviera investigando a sí mismo», cuestionó.
«Es absurdo porque depende del presidente y si el controlante es dependiente del controlado, lo que vamos a tener como resultado ya lo sabemos, lo cual es realmente muy preocupante», concluyó.