En un nuevo intento de desestabilización contra el Gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro general de 24 horas para el jueves 10 de abril.
La violenta medida de fuerza, que se sentirá con especial impacto en el transporte público, incluirá la adhesión de trenes, colectivos y subtes, dejando sin opciones de movilidad a millones de argentinos.
Además, la CGT planea movilizarse el día anterior, el miércoles 9, en el centro porteño, en una protesta que coincidirá con la habitual marcha de los «jubilados» en el Congreso.
A esto se suma otra manifestación prevista para el 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el «Día de la Memoria«, y que los sindicatos utilizarán como plataforma para reforzar su agenda opositora al oficialismo.
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Tras una reunión en la sede de Azopardo 802, los principales dirigentes de la CGT, encabezados por Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Octavio Argüello (Camioneros), justificaron la medida con un discurso centrado en la «defensa de los trabajadores«.
Además, piden un aumento para los jubilados y el pago de un bono de $760.000, pero evitan mencionar el enorme daño realizado a los jubilados con la inflación descontrolada del kirchnerismo. Ademas, plantean la reactivación de la obra pública, una de las principales fuentes de corrupción kirchnerista.
En paralelo, los sindicatos han decidido sumar presión al Gobierno con una movilización prevista para el 1 de mayo, en el Día del Trabajador, lo que significará tres protestas opositoras en menos de un mes.
El paro golpea a los trabajadores
Uno de los sectores más perjudicados por la medida será el transporte público. Los sindicatos ferroviarios y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciaron que no habrá trenes ni colectivos en el AMBA, lo que dejará sin movilidad a millones de trabajadores.
También se sumarán los metrodelegados, por lo que los subtes en la Ciudad de Buenos Aires estarán completamente paralizados.
La decisión de la CGT de sumar a gremios del transporte es clave para generar el mayor daño posible, ya que sin estos sectores, la medida de fuerza tendría un efecto mucho menor.
Omar Maturano (La Fraternidad), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Roberto Fernández (UTA) fueron los responsables de confirmar la adhesión de sus sindicatos, asegurando que el 10 de abril la paralización sería total.
Además del sector del transporte, el paro contará con el respaldo del ala kirchnerista de la CGT, con gremios como SMATA, Canillitas y La Bancaria, las dos CTA y la UTEP de Alejandro «Peluca» Gramajo. También se sumó el gastronómico Luis Barrionuevo, alineando su sector con el resto de la conducción sindical.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue contundente tras la decisión de la CGT y la denominó como un intento de boicotear la gestión del Gobierno.
«Este es el Gobierno que más rápido sufrió un paro nacional. No hay motivo real para esta medida, porque estamos corrigiendo el desastre económico heredado. ¿Dónde estaban estos sindicalistas cuando la inflación superaba el 200% y los salarios se pulverizaban mes a mes?«, afirmó en su conferencia de prensa rutinaria.
Desde la Casa Rosada también intentaron mediar para evitar la medida. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantuvo conversaciones con Héctor Daer y Andrés Rodríguez (UPCN), pero no logró frenar el paro. La CGT mantuvo su postura intransigente, dejando en claro que no hay interés en el diálogo sino en la confrontación política.
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Un sindicalismo aferrado a sus privilegios
El trasfondo de este paro general no es difícil de interpretar. La CGT, que durante la gestión de Alberto Fernández mantuvo una pasividad absoluta a pesar de la brutal crisis económica, ahora se muestra combativa ante un Gobierno que logró una exitosa recuperación económica.
Además, el oficialismo impulsó reformas laborales que buscan modernizar el mercado de trabajo y quitarle poder a las cúpulas gremiales que, durante décadas, manejaron a su antojo los fondos de los trabajadores. La CGT insiste en una estrategia de paros y movilizaciones que no solo perjudican a la economía, sino también a los mismos trabajadores que dicen representar.
Con tres movilizaciones en menos de un mes y sin intención de negociar, los sindicalistas han dejado en claro que no buscan soluciones, sino conflicto.