El crédito CFA011501 de la CAF (hoy Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), de 243 millones de dólares, contratado por el Estado Nacional, al que se suma la obligación de aporte directo del Estado Nacional de 22 millones de dólares, tienen como destino un gasto escasamente prioritario en este escenario de ajuste y achicamiento del gasto público.
Este citado crédito, hoy en etapa de plena ejecución, fue tomado para el diseño, desarrollo, fabricación y puesta en órbita del satélite geoestacionario de telecomunicaciones SG1(ARSAT-3), la contratación de un millonario seguro y la adquisición de satélites en desuso (chatarra espacial), sin tener en claro la regla de evaluación de las decisiones estatales onerosas: “mérito, oportunidad y conveniencia”
En una época en la que la conectividad digital es eje del desarrollo económico, Argentina retomó en 2006 el camino del gasto público en materia satelital con el modelo estatista de los ARSAT 1 y 2, y en 2021 con la construcción del ARSAT-3, también conocido como SG1, un nuevo satélite geoestacionario que se sumaría a la constelación nacional. Sin embargo, la iniciativa reabre un debate fundamental: ¿es ésta una inversión estratégica sustentable o un gasto público sin una planificación clara?
Historia de una ambición espacial
Argentina cuenta con antecedentes notables en la industria satelital. En la década de 1990, bajo la presidencia de Carlos Menem, el país lanzó el Nahuelsat, el segundo satélite geoestacionario de telecomunicaciones de capital privado en el mundo, luego de PanAmSat en Estados Unidos. Esa experiencia se realizó bajo mi responsabilidad en el área de las comunicaciones como Subsecretario.
Dicha decisión pionera no sólo atrajo una inversión superior a los 300 millones de dólares sin costo alguno para los contribuyentes argentinos, sino que integró a empresas argentinas y extranjeras (de Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos) en un consorcio eficiente que operó con éxito durante años, al que se sumó ANTEL, la empresa de telecomunicaciones estatal de Uruguay.
A diferencia de ese modelo de inversión privada y de riesgo, el Estado argentino decidió en las últimas dos décadas financiar de manera directa desde el erario público los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2, inaugurando una política de intervención estatal en el espacio. Ambos fueron diseñados y ensamblados por INVAP, con predominio de componentes importados.
Un satélite geoestacionario (GEO) órbita la Tierra a 35.786 km de altura, sincronizado con la rotación terrestre, lo que le permite cubrir siempre la misma región. Estos satélites son útiles para telecomunicaciones, televisión y datos, pero enfrentan hoy una creciente competencia por parte de los satélites de órbita baja (LEO), como los de Starlink o Kuiper, que orbitan entre 160 y 2.000 km de altitud, ofreciendo baja latencia y mayor flexibilidad en servicios de banda ancha. Argentina fue líder absoluto en toda América, junto a Estados Unidos, al abrir los cielos, en 1997, en este tipo de satélites de órbita baja (LEOs) desde la Secretaría de Comunicaciones, y autorizó a constelaciones satelitales como ORBCOMM, Globalstar o Iridium. Las normas que dictamos en 1997 también abrieron las puertas a Starlink y a Kuiper, y seguramente a otros futuros competidores.
Financiamiento, costos opacos y dudas estratégicas
En junio de 2021, el gobierno argentino firmó un contrato con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para financiar el ARSAT-3 por 243 millones de dólares, con un aporte adicional de 22 millones de dólares de la empresa estatal ARSAT. La construcción está a cargo de INVAP, aunque la mayoría de los componentes críticos (propulsión, carga útil, sensores, computadoras de a bordo, etc.) provienen de Estados Unidos y Europa.
A esto se suma un gasto poco publicitado (también incorporado en el crédito de la CAF): la contratación de satélites “gap-filler”, cuya única función es custodiar los puntos orbitales asignados por la UIT a Argentina, a un costo estimado de 8 millones de dólares por unidad. Se trata de satélites obsoletos que no brindan servicios reales sino que cumplen un rol regulatorio formal.
¿Soberanía tecnológica o gasto simbólico?
La narrativa oficial insistió, en el anterior gobierno, en que el satélite ARSAT-3 fortalecería la “soberanía satelital”. Sin embargo, la realidad es más compleja. El mercado de telecomunicaciones en Argentina -móvil, fijo, de fibra óptica y de cooperativas TIC- es operado casi en su totalidad por capitales privados (hay también SAPEM, empresas estatales provinciales). Servicios críticos como la conectividad rural han sido resueltos en la práctica por el sistema Starlink de Elon Musk, que ha ganado usuarios incluso en zonas suburbanas de la provincia de Buenos Aires a los que se sumará Kuiper del Grupo Amazon y otras constelaciones que ya están en pleno proceso de desarrollo.
Resulta llamativo que, tras el gasto público de más de 450 millones de dólares erogado en los ARSAT-1 y 2, haya sido necesaria la llegada de una empresa extranjera como Starlink para dar acceso a internet a gran parte de las escuelas rurales de nuestra patria. ¿Hay algo más soberano que dar acceso de internet a todo el sistema escolar rural?
Un modelo alternativo que no se mostró
La experiencia del Satélite Nahuelsat en los años 90 demuestra que se puede desarrollar un sistema satelital nacional con participación privada, bajo liderazgo estatal. Países como Brasil, que en los 90 eran absolutamente estatistas en materia satelital, migraron luego a modelos de concesión privada. Su sistema Embratel estatal fue adquirido por el Grupo Claro, de Carlos Slim. De igual manera México, la otra potencia de Latinoamérica, también cambió el modelo de gasto estatal a la inversión privada dejando de lado el modelo de los satélites estatales Morelos y virando a su actual sistema satelital con empresas privadas.
Argentina, en cambio, optó por financiar la totalidad del proyecto ARSAT-3 con endeudamiento soberano, sin convocar al sector privado ni proponer alianzas con países vecinos como Paraguay, Bolivia o Chile. Esto contrasta con la práctica internacional, donde los costos del riesgo tecnológico suelen compartirse, por lo menos, entre empresas privadas y estados nacionales.
¿Qué tan argentinos fueron los ARSAT?
La integración del satélite está a cargo de INVAP, la icónica empresa de larga trayectoria en alta tecnología, pero más del 60% de los componentes claves -propulsión, carga útil, sensores, antenas- son importados. Incluso dentro del 30% que corresponde al aporte nacional, muchos equipos (paneles solares, computadoras, chips resistentes a la radiación) también son de origen extranjero. El verdadero valor agregado argentino está en el know-how de cientos de ingenieros de excelencia y en la integración, sin duda valiosa, pero acotada frente al volumen total del gasto.
El costo de la política satelital
Uno de los aspectos del proyecto que más interrogantes plantea es la falta de un plan de negocios conocido. No está claro cómo se recuperará la inversión financiada por el crédito ya citado. Tampoco se conocen acuerdos comerciales que justifiquen el uso de su capacidad, ni planes de expansión a mercados regionales. Mientras tanto, operadores internacionales como SES, Hispasat e Intelsat ofrecen servicios competitivos en toda América Latina y brindan servicios competitivos en Argentina.
En un país donde amplias zonas carecen de agua potable, caminos rurales transitables, viviendas dignas o acceso básico a internet, cabe preguntarse si esta es la mejor asignación de recursos. Como dijo el ex presidente Menem: “gobernar es comunicar”, pero también es priorizar.
¿Soberanía satelital o deuda soberana?
El crédito de la CAF fue otorgado con garantía soberana del Estado argentino. Es decir, en caso de que el proyecto no sea rentable, será el conjunto de los contribuyentes argentinos quienes asumirán el costo. En la práctica, lo único verdaderamente “soberano” de ARSAT-3, hasta ahora, es la deuda contraída.
Mientras tanto, iniciativas privadas como Satellogic, que desarrolla satélites de observación creados por el ingenio argentino, o los satélites SAOCOM de la CONAE -diseñados para monitorear recursos naturales y la pesca ilegal- muestran que hay caminos alternativos para una política espacial con impacto real y medible.
Actualizar la política satelital con visión de futuro
Argentina necesita una estrategia clara en materia de telecomunicaciones y tecnología espacial. El país requiere infraestructura digital de calidad. Tiene ya una base muy importante, pero la expansión y la modernización requieren racionalidad económica.
La derogación por parte del gobierno del Presidente Milei de la ley que declaraba servicio público a la industria de las telecomunicaciones fue un gran avance para desatar los nudos del intervencionismo estatal en esta actividad. La declaración de servicio público por parte de la última experiencia populista en Argentina provocó un enorme desincentivo a las inversiones.
Es hora de dejar atrás los discursos demagógicos y estatistas y avanzar hacia modelos mixtos que integren la inversión privada, la cooperación regional y la planificación basada en evidencia. Como dijo Deng Xiaoping, el líder modernizador chino, “hay que buscar la verdad en los hechos”. México y Brasil eligieron el camino de sus satélites con inversión privada, como el NahuelSat de los 90. Buenos ejemplos que ellos tomaron de Argentina; esos países enormes y poderosos tomaron el camino privado, mientras que Argentina eligió el camino estatista.
Es hora de repensar la política satelital y seguir abriendo las puertas a los sistemas de órbita baja internacional para conectar a los habitantes de nuestra patria, y con una precisa normativa lograr que el esfuerzo de la conectividad se siga llevando adelante con capital privado de riesgo, resguardando el dinero del estado para otras prioridades de la calidad de vida de la población. Proyectos como el ARSAT-3 corren el riesgo de convertirse en monumentos a la buena intención… y al gasto público ineficiente.
En nuestra patria hay 3.500.000 hogares con déficit habitacional parcial, 1.200.000 familias que viven en asentamientos precarios (un 8% de las familias viven en hacinamiento crítico), más de 5.000.000 de compatriotas no tienen agua segura de red y 15.000.000 no tienen acceso a cloacas, con el impacto en la calidad de vida, la salud y la problemática ambiental que eso provoca. El acceso al agua, cloacas, viviendas dignas e internet, son derechos humanos.
En el caso de internet y las comunicaciones, tenemos la suerte de que en general el sector privado es un eficiente prestador, con acceso masivo en gran parte del territorio nacional. ¿Por qué no fue la prioridad destinar los dineros ya erogados en el SG1 (Arsat 3) en resolver las otras demandas insatisfechas? El desafío ahora es, ya con el gasto público realizado con el crédito de la CAF (o en camino de realizar), encontrar una salida elegante y volver al camino en donde cada uno aporte lo que mejor sabe hacer. Como reza el encabezado de esta nota sobre el ARSAT-3: “Satélites en el espacio, dudas en la tierra”.
* Ex Secretario de Comunicaciones de la Nación
Fuentes :
- CAF
- Censo 2022 Indec
- Techo Argentina
- RENABAP