El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, realizan esta tarde anuncios vinculados al envío del proyecto de ley para blindar la utilización de los «dólares del colchón» en el marco del «Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos«.
La conferencia de prensa comenzó minutos después de las 17.30 en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada y Pazo brindó mayores detalles de la iniciativa que ya ingresó en el Congreso de la Nación.
«Modificaremos los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los contribuyentes por evasión. Hasta hoy, podía investigarse por evasor simple por una diferencia de un millón y medio de pesos, algo ridículo. A partir de ahora, estos límites se aumentan significativamente. De las 7.000 causas abiertas en el fuero penal tributario, únicamente quedarán en curso 200, que son las que implican una evasión fiscal real y significante», comenzó diciendo.
Y continuó: «También se modifica el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, el cual se disminuye de 5 a 3 años, siempre que los ciudadanos o las empresas hayan presentado su declaración jurada en tiempo y forma. Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando lo que debe. Con el nuevo criterio que establece esta ley, los problemas se resuelven pagando».
A propósito de este tema, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó esta mañana que el Poder Ejecutivo ya giró el proyecto de ley para garantizar la seguridad jurídica que sustente el uso de ahorros no declarados por hasta $50.000.000 para personas físicas.
«Es una ley que tiene varios puntos, entre ellos modificaciones de normativas vigentes, de montos para la aplicación de la ley penal económica y también para la prescripción. Abarcan distintos aspectos con los que se pretende que la gente que realice gastos con fondos propios, con sus ahorros, no quede sometida a ninguna de las legislaciones anteriores que penaban esto. Y se achican los plazos de prescripción, por lo cual se dan garantías para la utilización de estos recursos», detalló Francos.
En línea con la estrategia oficial de desburocratizar y facilitar operaciones vinculadas a la inversión y la compra de activos, la Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso una actualización de los límites que rigen para movimientos en efectivo y transacciones en el mercado automotor e inmobiliario.
Para los depósitos bancarios en efectivo, se duplicó el monto permitido sin necesidad de identificar al depositante, pasando de 20 a 40 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a unos US$ 10.000 al tipo de cambio actual.
También se modificaron los criterios aplicados por el Registro de la Propiedad Automotor. A partir de ahora, la exigencia de presentar documentación respaldatoria regirá para operaciones que superen los $115 millones, unos US$ 100.000, reemplazando el umbral anterior de $60 millones.
Además, ya no será necesaria una certificación contable para justificar el origen de los fondos. En su lugar, los compradores deberán presentar una Declaración Jurada sobre la procedencia y legalidad del dinero utilizado en la transacción.
En simultáneo, el gobierno nacional consiguió que catorce provincias adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta fiscal que pretende facilitar el uso del patrimonio personal y los «dólares del colchón«, a través de la firma de acuerdos de intercambio de información fiscal.
Con la firma reciente de CABA, ya son catorce los distritos que se plegaron al nuevo sistema. La lista incluye a: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán.
A pesar de los avances logrados por el oficialismo en materia de adhesiones, todavía hay diez jurisdicciones que permanecen al margen del nuevo régimen:
- Buenos Aires
- Córdoba
- Formosa
- La Pampa
- La Rioja
- Mendoza
- Santa Cruz
- Santa Fe
- Santiago del Estero
- Tierra del Fuego
En desarrollo…