Mediante el Decreto 494/2025 publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei habilitó la transferencia al sector privado del servicio de agua potable y cloacas en el AMBA. El proceso será conducido por el Ministerio de Economía y una nueva agencia especializada.
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El Gobierno avanza en la privatización de AYSA y habilita cortes por falta de pago
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Privatización de AySA: venta del 100% de las acciones del Estado, actualización de tarifas trimestral y cortes a deudores
La privatización de AYSA estaba prevista en la ley Bases.
@AySA_Oficial
El Gobierno nacional autorizó la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA). La medida se formalizó esta madrugada a través del Decreto 494/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La norma habilita la venta del 90% del capital accionario de AYSA, actualmente en manos del Estado nacional, mediante un proceso de licitación pública nacional e internacional. Según se detalló, el procedimiento estará a cargo del Ministerio de Economía en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, una unidad ejecutora especial creada para tal fin.
Cómo se hará la venta de AYSA
La venta se organizará en dos etapas. En la primera, se buscará transferir al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico del sector, lo que marcaría el traspaso del control operativo de la empresa. Posteriormente, el resto del paquete accionario será ofrecido en bolsas y mercados del país, sin aplicar las preferencias previstas en el artículo 16 de la Ley N° 23.696, ni implementar un Programa de Propiedad Participada.
La decisión se fundamenta en el diagnóstico de la actual administración, que sostiene que AySA operó de forma deficitaria desde su creación, dependiendo de manera constante y significativa del financiamiento estatal. Según cifras oficiales, entre 2006 y 2023 el Tesoro Nacional transfirió a la compañía cerca de u$s13.400 millones.
A pesar de esa asistencia, el Gobierno afirma que no se logró evitar un deterioro progresivo en la eficiencia y productividad de la empresa, con un aumento sostenido de los costos operativos y una caída de la productividad laboral. Además, se remarcó que para mejorar la calidad del servicio se requerirían fuertes inversiones en infraestructura, imposibles de afrontar tanto por la empresa como por el propio Estado, sin comprometer la política de reducción del déficit fiscal.
«La intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el ESTADO NACIONAL», explicó el decreto.
El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, será responsable de garantizar que el proceso de privatización no afecte la continuidad del servicio público de provisión de agua y saneamiento.
La privatización de AySA estaba prevista en el artículo 2 de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y se enmarca en el plan general de reforma y reordenamiento del Estado impulsado por el oficialismo.
Previo al anuncio, la Secretaría de Obras Públicas había diseñado un “Plan de Acción de Transición de AySA S.A. para el período 2024-2026”, orientado a adecuar los compromisos de la empresa a su capacidad real de ejecución e inversión. Ese esquema, según el Gobierno, servirá como base para facilitar la transición hacia un nuevo modelo de gestión, más eficiente y sostenible en el tiempo.