El gobierno de Javier Milei sigue sin atender el reclamo de los gobernadores por los fondos que, según afirman, corresponden a las provincias, pero la Nación les niega. El desacuerdo llevó a que los proyectos impulsados por los jefes territoriales para recuperar esa masa de dinero avancen otro paso en la Cámara de Diputados, donde se encaminan a convertirse en ley en dos semanas.
En el marco de la sesión en la que se discutieron los proyectos de financiamiento universitario y de atención al Hospital Garrahan, el arco opositor aprobó un emplazamiento para que la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el libertario José Luis Espert emita la semana próxima los dictámenes para las dos iniciativas que son impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad.
Uno de los proyectos apunta a que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyan de forma automática de acuerdo al esquema de la coparticipación federal de impuestos. Hasta ahora, el Ejecutivo siempre los repartió discrecionalmente. El otro establece un reparto entre las provincias, la recaudación del Immpuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
Ambos tienen media sanción del Senado y, si no hubiera un acuerdo entre el gobierno de Milei y los jefes provinciales sobre el tema, los diputados de la oposición alineados con los gobernadores les darán dictamen el 13 de agosto con el objetivo de convertirlos en ley a la semana siguiente, el 20.
Este escenario pondría a Milei en una situación muy compleja en medio de la campaña electoral. El Presidente podría vetarlos, pero esto desataría una pelea con los gobernadores cuyas consecuencias se sentirían principalmente en el Congreso, donde el Gobierno perdería el apoyo del que goza hoy y que ya es escaso. «Sería un grave error», indicó a iProfesional una fuente cercana a uno de los gobernadores.
Los gobernadores avanzan en Diputados: ¿de cuánto es la «caja» que le sacarían a Javier Milei?
Si los proyectos se convierten en ley y Milei no los veta, los gobernadores le estarían quitando por la fuerza una caja muy valiosa. Algunos mandatarios aseguran que la gestión libertaria «dibuja el superávit» con esos recursos que le niega a las provincias. Por otro lado, los ATN son desde hace tiempo una herramienta política de todos los Presidentes para negociar apoyo de los jefes provinciales en el Congreso.
Según un informe elaborado por los gobernadores, la eventual aprobación de ambas leyes le quitaría al Gobierno nacional $967.377 millones, que pasarían a distribuirse de forma automática entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto sobre los ATN apunta al fondo remanente que se financia con el 1% de la coparticipación federal de impuestos y le corresponde por ley a las provincias, pero el Gobierno no les gira. El costo de esta iniciativa para el Tesoro Nacional sería de $252.953 millones.
En tanto, la otra iniciativa propone distribuir entre la Nación y las provincias los recursos de los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles (y que se eliminarían) y también la recaudación total, lo que implicaría para el Gobierno ceder $714.414 millones.
Los gobernadores, incluso aquellos que ya cerraron alianzas electorales con La Libertad Avanza, están molestos por la negativa de la Casa Rosada a buscar un acuerdo en torno al reparto de esos fondos que, según afirman, «son 100% de las provincias». Con este argumento, los diputados argumentaron que los proyectos no tendrán impacto fiscal para la Nación.
La estrategia en Diputados y el «ruido» en las alianzas electorales entre Milei y gobernadores
El oficialismo intentó una jugada de último minuto. Minutos antes de la sesión de este miércoles, Espert convocó a la Comisión de Presupuesto para el 13 de agosto con el fin de tratar estos temas. Con eso intentaron que la oposición desistiera de votar el emplazamiento.
Una vez en el recinto, luego de que se aprobara el proyecto de financiamiento universitario, La Libertad Avanza y el PRO destacaron la convocatoria a la comisión y pidieron retirar del temario de la sesión el emplazamiento.
La oposición se negó por dos razones. La primera es que, aunque la fecha es la misma que puso Espert, desconfiaban de una posible maniobra dilatoria en la Comisión de Presupuesto. Con el emplazamiento se obliga a emitir dictamen ese día.
La segunda razón tuvo que ver con la estrategia parlamentaria para sostener el quórum. Los opositores más duros evaluaron que la inclusión de estos temas que interesan a los gobernadores en la sesión ayudaba a que los diputados que responden a sus jefes provinciales se quedaran en sus bancas.
Por ese mismo motivo dividieron los emplazamientos para los dos proyectos: el que se refiere al proyecto sobre los ATN se votó al principio de la sesión, antes del debate sobre financiamiento universitario, mientras que el que apunta al reparto del ICL se puso en el orden del día después del tratamiento de la iniciativa sobre el Garrahan.
De todas formas, más allá de esa táctica, el avance del emplazamiento a la comisión para tratar los proyectos tuveron el aval de los gobernadores, interesados en contar con esos fondos para suavizar el impacto de la «motosierra» de Milei sobre sus propias administraciones antes de las elecciones.
Esa necesidad tiene también un costado político: algunos de los mandatarios irán a las elecciones de octubre aliados con La Libertad Avanza, por lo que la resolución del conflicto quitaría del medio un tema que podría meter ruido en la campaña compartida con el oficialismo nacional.
Esto también pone un signo de interrogación sobre lo que hará Javier Milei en caso de que los proyectos, como se prevé, se conviertan en ley. El Presidente quedaría obligado a tomar una decisión, entre permitir que los goberandores le quiten esos recursos por la fuerza de los votos en el Congreso o vetar y enfrentarse a algunos mandatarios que, de cara a octubre, son aliados.