Ajuste, deuda y despidos: el modelo Milei y Caputo visto desde las fábricas

“El Fondo quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas y nosotros queremos comprar reservas. Y nos lo vienen a decir a nosotros, que somos el equipo económico que más reservas compró en la historia, lejos”. Esa fue la respuesta de Luis “Toto” Caputo ante la constante preocupación alrededor del tema, que sigue siendo el foco de los análisis sobre la economía nacional.

Como advierte un informe de Barclays, uno de los principales bancos internacionales, “las reservas netas, excluyendo los desembolsos del FMI, son hoy más bajas que cuando Milei asumió”. Sergio Massa entregó el gobierno con reservas netas negativas por alrededor de u$s 11.000 millones, mientras que actualmente las estimaciones las ubican cerca de u$s 16.000 millones negativos, muy por detrás de la meta de acumulación acordada con el FMI para 2025, que establece un tope de u$s 3.200 millones negativos.

“Cumplir con el objetivo de reservas para fin de año será un desafío”, reconoció este jueves la vocera del Fondo, Julie Kozack, quien además fue contundente al pedirle al Gobierno que “aproveche la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que contribuya a la acumulación de reservas”.

Luego del préstamo de US$ 20.000 millones del FMI en abril y del rescate político y financiero del Tesoro de los Estados Unidos, las dificultades persistentes para acumular reservas ponen al descubierto las inconsistencias del plan económico de Caputo y Milei.

¿Por qué preocupa a los “mercados” y al establishment la falta de reservas? La razón es concreta, las reservas del Banco Central son los activos en moneda extranjera con los que cuenta el país: divisas, oro, Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI y swaps (China y EE.UU.). Se usan para el pago de deuda externa, el control del tipo de cambio y las operaciones del comercio internacional. Al analizar los números de las reservas, es fundamental distinguir entre reservas brutas y reservas netas. Las primeras son el total informado por el Banco Central, actualmente rondan los US$ 41.883 millones. Sin embargo, ese número no refleja la disponibilidad real de dólares. Cuando Caputo dice que el gobierno realizó compras récord, seguramente se esté refiriendo a algún periodo y el motivo de operación fue para cancelar deuda en dólares.

Las reservas netas se obtienen descontando del total los encajes de los depósitos en dólares, los swaps y las deudas de corto plazo. Son estas las que concentran la mayor atención de los mercados y de los organismos internacionales, porque muestran el “poder de fuego” efectivo del Central y su capacidad para afrontar vencimientos de deuda, sostener el tipo de cambio y evitar sobresaltos financieros. Por eso, aun cuando las reservas brutas puedan mostrar un nivel elevado, las reservas netas negativas exponen la debilidad externa del programa económico.

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Para Barclays, “no hay señales claras de que el Gobierno tenga intención de revertir esa fragilidad externa”. Las vías genuinas para acumular reservas implican aumentar la entrada de dólares por exportaciones y por inversiones extranjeras productivas. Sin embargo, las políticas actuales alientan principalmente las importaciones y la entrada de capitales especulativos para el carry trade. El modelo de dólar barato —contenido dentro de un esquema de bandas de flotación—, junto con la apertura comercial y la liberalización financiera, también favorece la fuga de capitales.

Según el último informe de Balance Cambiario del BCRA, desde la salida del cepo en abril y hasta agosto, la demanda de dólares en billete alcanzó los u$s 13.867 millones, mientras que los dólares que se fueron por turismo sumaron cerca de u$s 9.000 millones en los primeros nueve meses del año. Otras vías de salida de divisas fueron los pagos de deuda externa y las intervenciones del Central para frenar las corridas cambiarias.

El modelo del Gobierno necesita de un constante endeudamiento externo para sostenerse. Ahora Caputo negocia un repo con bancos internacionales por US$ 7.000 millones que le permita cubrir el vencimiento de deuda de enero (US$ 4.500 millones a bonistas privados). Aumentan las chances de volver a los mercados internacionales de crédito. Pero la contracara del festival de endeudamiento es la contracción de la actividad, con cierres de fábricas y destrucción de empleo.

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La recesión y la crisis industrial, desde adentro

A pocos días de cumplir dos años de gestión, el Gobierno no sólo acumula contradicciones en la esfera financiera. Las consecuencias de este programa económico contractivo y aperturista golpean con dureza la producción interna. La ola de anuncios de fábricas cerradas y despidos va en ascenso, como la inflación. Las empresas que iniciaron un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ya suman 143 este año, un dato récord. Son postales de este modelo ajustador y vaciador.

El freno de la obra pública pegó de lleno en fábricas como Acindar, una de las siderúrgicas más grandes del país, luego de Siderar y Siderca. Luciano Molina, delegado de la fábrica localizada en Villa Constitución, nos contó que, desde la llegada de este gobierno, la producción de acero que se destina a la construcción y a las automotrices se redujo a la mitad. De las dos líneas de producción disponibles, se trabaja solo en una. Las suspensiones siguen vigentes, pero son menores por la gran cantidad de retiros voluntarios. Molina denuncia: “Durante dos años la fábrica hizo un trabajo sistemático para cansar a los compañeros y que agarren el retiro y se vayan”. La fábrica pasó de 2000 a 1500 operarios, entre retiros, jubilaciones y despidos.

Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) revelaron que, desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2025, se destruyeron más de 223 mil puestos laborales registrados. En el mismo período creció el monotributo, es decir, el trabajo precario.

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El impacto regional de estos despidos es significativo en la cuna del Villazo, una ciudad que “gira en torno a la metalúrgica, no hay otras opciones laborales”. Esto genera un impacto en los comercios y en el alto nivel de desocupación zonal. “Luego de dos años de crisis autoinducida, los empresarios siguen aplaudiendo los planes económicos del gobierno porque los beneficia políticamente», sentencia Molina.

El desplome del consumo masivo, producto de la pérdida de poder de compra de los ingresos populares por paritarias congeladas, desregulación de precios de servicios y recorte fiscal, es otra constante del modelo. En los supermercados esta realidad se vive muy de cerca. Jesús trabaja en el Jumbo de Pilar y, en conversación con este medio, dice que “la crisis se nota muy claramente por la baja de ventas. Todos los años en estas fechas cercanas a las fiestas, en el supermercado había mucha gente comprando y en estos momentos no”.

Jesús es delegado y explica que esta situación afecta directamente a los jóvenes porque no hay horas extras, algo que podría “aumentar un poco el sueldo”. Y agrega: “Se ve una real necesidad entre nuestros compañeros, porque las paritarias que arregló Comercio son muy bajas, un 6% hasta enero del año que viene. No se llega a fin de mes. Tenemos compañeros que tratan de vender cosas, hacen rifas o se vuelcan al Uber”. El pluriempleo y la precarización laboral afectan con mayor peso a los jóvenes.

El grupo Cencosud, al que pertenece Jumbo, aplica un brutal ajuste. Jesús repasa que hasta el momento cerraron varias sucursales de los supermercados Vea, también de Easy y Blaisten, ligados a la construcción. “En total se habla de 18 sucursales cerradas y de más de 1000 despidos en la administración central de Cencosud”, relata.

Si la caída en el consumo masivo afecta directamente a los supermercados y comercios, en la industria alimenticia también se siente el efecto de la apertura comercial, que obliga a competir con productos importados. La realidad de este sector es más compleja: por un lado, están los cierres y quiebras de la industria láctea, como La Suipachense, Sancor, ARSA y Verónica. Por el otro, la situación en grandes fábricas como Georgalos o Mondelez (que anunció la suspensión total de su personal), con patronales que, sin mostrar ninguna crisis real, aprovechan la recesión más abiertamente para disciplinar.

“A comienzos del año empezamos a notar que Georgalos empezaba a modificar las condiciones de trabajo. Esto es: aumentar los ritmos de producción, achicar la dotación del personal y agregar tareas. La empresa quiso empezar a aplicar una reforma laboral de hecho”, sostiene Maxi, trabajador reincorporado de Georgalos. Y agrega que la tercerización de productos fue parte de este plan de la patronal, “como el Shot que se hacía en el sector chocolate de la planta de Victoria y ahora se hace en otro lado. O el Mantecol en bandeja, que se llevó a Córdoba”.

Entre abril y junio hubo un conflicto importante cuando la empresa quiso “modificar la dotación de seis operarios a cinco, aumentar los ritmos de producción y, por ende, al no llegar a los valores productivos que te pedía, no podías cobrar productividad, afectando el salario”. Ante esa situación se organizó la fábrica, fuimos a la huelga, la empresa después nos echa a nosotros cinco despedidos”, relata. Al momento se siguen peleando las reincorporaciones de esos despidos ilegales.

“Durante todo este año la empresa adelantó la producción y lo que hacía en seis meses lo hizo en cinco. Y a la vez dejó de elaborar productos en planta Victoria para hacerlos en otras plantas y así poder tener más margen de ahorro en masa salarial, ya que el salario de planta Victoria es uno de los salarios más altos de las alimenticias”, denuncia Maxi.

Ante la crisis, el rol de los dirigentes sindicales burocráticos peronistas, que no llaman a un plan de lucha permanente, es dejar pasar este plan de guerra de las patronales y del Gobierno.

¿El consenso del ajuste?

Un problema central del modelo de Milei es que los dólares se escurren (pagos de deuda externa, fuga de capitales, turismo, importaciones) y no vuelven. Esta situación retroalimenta una incertidumbre permanente que da lugar a corridas cambiarias, llegaron a diciembre por el préstamo del FMI y el rescate del Tesoro estadounidense. El triunfo electoral le dio un empujón, pero no despeja los problemas de fondo que siguen ahí, las dudas también.

El modelo neoliberal chileno sigue siendo, para un sector mainstream, un ejemplo de estabilidad macroeconómica y política. Lo es a pesar de los duros datos que muestran la creciente desigualdad social: el 1% más rico del país acumula el 49,8% de la riqueza nacional, lo que posiciona a Chile entre los países con mayor desigualdad de riqueza del mundo (Fundación SOL). Sus cambios estructurales a favor del mercado se mantuvieron desde la dictadura de Pinochet (1973) y se profundizaron durante los años de la Concertación democrática. El historiador Sebastián Pasquariello observa que el “éxito” del modelo fue la construcción del consenso y de la hegemonía en torno a la idea de que este era el régimen apropiado para todos, cuando en realidad beneficia a una minoría, a las élites y al capital extranjero.

Salvando las distancias temporales y estructurales, Milei y Caputo buscan aumentar el endeudamiento, siendo esta la única salida para que siga andando este plan económico, pero que no resuelve los problemas estructurales. El puente de dólares del repo con los bancos o volver a acceder a los mercados internacionales de crédito (si baja el Riesgo país) solo refuerza las ataduras con el capital financiero internacional. También refuerza sus exigencias: para el FMI es clave la aplicación de reformas estructurales, como la laboral.

Ante la crisis en la industria, una discusión actual es si hay un intento de reconversión productiva, con gran base en el desarrollo de actividades extractivas y de plataforma, que beneficie a capitales extranjeros y siga destruyendo el empleo. La reforma laboral no tiene un fundamento “técnico”: es un ataque político, señalaba Fernando Rosso en su programa de radio.

En las fábricas, las patronales buscan disciplinar a partir de la crisis. Si avanzan con la reforma laboral es por la complicidad de las centrales sindicales y las conducciones burocráticas, que junto a los partidos tradicionales van configurando el clima para un consenso del ajuste que de ninguna manera está consolidado y que hay que enfrentar.

“La situación es abaratar costos para mantener una rentabilidad», denuncia Maxi. Agrega que «claramente está cayendo el consumo, pero lo que nosotros sostenemos como trabajadores es que esta empresa, que viene amasando fortunas, que viene creciendo, que viene haciendo inversiones, que viene expandiendo el negocio, que viene exportando, no puede decirnos que tiene crisis”.

Enfrentar y derrotar ese «consenso del ajuste» que implica más endeudamiento, saqueo y explotación de la clase trabajadora es fundamental.