El planteo fue explicado por el abogado laboralista Pablo Mina, patrocinante del trabajador en ese expediente, quien sostuvo que el eje de la discusión no pasa tanto por el despido en sí como por el criterio que se use para actualizar el capital reclamado. Lo dijo en una entrevista con «Es por Acá», por Punto a Punto Radio (90.7 FM).
Según detalló Mina, el expediente es “un caso bastante típico de derecho laboral”, originado en un despido, pero el punto más relevante apareció en la forma en que el juez interpretó la actualización de los intereses y la inconstitucionalidad de una de las disposiciones de la reforma. El abogado sostuvo que allí aparece una discusión de fondo sobre el valor real de las indemnizaciones cuando los procesos judiciales se extienden en el tiempo.
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En la entrevista, el laboralista remarcó que durante años coexistieron criterios muy distintos en los tribunales para actualizar montos laborales: algunos, por encima de la inflación; otros, por debajo. En ese marco, planteó que el problema se vuelve especialmente grave cuando la demora judicial termina reduciendo en términos reales lo que el trabajador debe cobrar.
El punto en discusión: que el capital no se licúe
Mina explicó que el sentido del fallo apunta a evitar que la inflación vacíe de contenido la indemnización reconocida judicialmente. “Si un trabajador tiene que asumir la instancia de la vía judicial, por lo menos que se le actualicen acorde a un parámetro de actualización real el capital”, resumió.
Ante la consulta sobre si eso implica que la empresa deba pagar más, el abogado matizó que, en rigor, el objetivo es que pague “en términos reales lo mismo”, es decir, que la actualización no termine beneficiando a una de las partes por el mero paso del tiempo. También señaló que el uso de un índice más cercano a la evolución real de los precios busca corregir una distorsión histórica del sistema.
Un antecedente que podría abrir otros planteos
Para Mina, tanto la reforma como este fallo forman parte de un intento de reordenar un sistema que venía mostrando problemas tanto para trabajadores como para empleadores. En ese marco, consideró que la ley busca volver a un esquema más “tarifado” y a una mayor seguridad jurídica, aunque admitió que los cambios ya generan movimientos en el fuero laboral y obligan a revisar cómo responderán los tribunales en adelante.
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El abogado también advirtió que todavía es temprano para medir el alcance del antecedente, pero reconoció que ya empezó a recibir consultas de colegas sobre el impacto de la reforma y de este primer pronunciamiento. “Definitivamente es un cambio que genera ciertos cimbronazos”, señaló.