La ONG Greenpeace presentó una medida cautelar de cara al debate legislativo que se dará en la Cámara de Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares. Puntualmente, apuntó contra el sistema de audiencias públicas anunciado por el Gobierno y pidió que se garantice la participación oral de los cerca de 100 mil inscriptos.
Según el esquema vigente, solo unos 200 expositores podrán participar de manera presencial en la primera jornada y otros 200 lo harán de forma virtual el jueves 26. El resto deberá optar por presentaciones escritas o el envío de videos de hasta cinco minutos.
La medida cautelar de Greenpeace por el debate de la Ley de Glaciares
La presentación quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, actualmente subrogado por Enrique V. Lavié Pico.
En el escrito judicial, Greenpeace objetó la limitación a las participación oral de los inscriptos – que son un récord para un debate legislativo – y reclamó que se garantice la intervención oral de todos los inscriptos. En este sentido, el texto exige «al Congreso de la Nación garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la iniciativa.
Por otro lado – y ante el inaudito caudal de plantearon la necesidad de modificar el cronograma previsto. “A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”, señalaron.
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La reconocida ONG, en contra del mecanismo dispuesto por el Gobierno.
El reclamo también apunta contra la decisión de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoráz, quienes definieron que solo los primeros inscriptos por provincia podrán exponer en cada modalidad.
El planteo abre un conflicto operativo. Según consigno la Agencia Noticias Argentinas, de aceptarse la solicitud en los términos planteados, el proceso podría extenderse hasta 500 días para dar lugar a todos los oradores.
Desde sectores de la oposición, en cambio, consideran que debería buscarse un punto intermedio entre el esquema actual —limitado a unos 400 expositores— y la participación total de los 100 mil inscriptos.
En su presentación, Greenpeace también cuestionó los mecanismos alternativos propuestos por el Congreso. En ese sentido, pidió que “se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral – como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube – por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública”.
Finalmente, la organización solicitó la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de las audiencias —tanto presenciales como virtuales— con el objetivo de asegurar su cumplimiento bajo los criterios del Acuerdo de Escazú.
Reforma a la Ley de Glaciares: la oposición solicita que se extienda el plazo de auditorías públicas
El creciente interés ciudadano por la reforma de la Ley de Glaciares empieza a complicar el cronograma que el oficialismo proyectaba en Diputados. Tras aceptar una postergación de al menos un mes en la votación, el Gobierno habilitó dos instancias de participación —una presencial el 25 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires y otra virtual el 26—, pero la magnitud de la convocatoria ya tensiona ese esquema.
El pedido llegó con una particularidad política: fue impulsado de manera conjunta por representantes de tres bloques distintos. Firmaron la iniciativa la diputada bonaerense Sabrina Selva (Unión por la Patria), el porteño Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y la jujeña María Inés Zigarán (Provincias Unidas).
En el documento, los legisladores advirtieron sobre los riesgos de avanzar con un esquema acotado frente a una demanda de participación masiva. En ese sentido, señalaron que «un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización».