El próximo 23 de abril se llevará a cabo una audiencia de jury político en la Segunda Circunscripción Judicial de Roca, dirigida al fiscal adjunto de Choele Choel, Luciano Álvarez Ania, por presuntas irregularidades en su desempeño.
El jueves 23 de abril se realizará un nuevo jury del Consejo de la Magistratura de Río Negro, en este caso en la Segunda Circunscripción Judicial de Roca y contra el fiscal adjunto de Choele Choel, Luciano Álvarez Ania. El 2 de diciembre pasado, el cuerpo colegiado se había reunido en la ciudad judicial roquense y definió pedir al Fiscal General, Fabricio Brogna, que lo acuse en un proceso de juicio político. Ese momento llegará en tres semanas.
El sumario fue iniciado por posibles disfuncionalidades en el ejercicio del cargo y un presunto ocultamiento de información relevante en su declaración jurada del examen preocupacional, cuando ingresó al Poder Judicial en 2022. Por un lado, a Álvarez Ania se le llamó la atención en reiteradas oportunidades por comportamientos disfuncionales: llegaba tarde y se retiraba a mitad de mañana, entre otras faltas que alertaron al área de Recursos Humanos.
Por el otro, el fiscal adjunto no reveló durante una entrevista laboral previa que padecía una enfermedad, por la cual después estuvo de licencia durante varios meses, hasta que fue suspendido mientras se realizaba el sumario. El fiscal adjunto tuvo un paso efímero por la fiscalía descentralizada de Choele Choel, antes de pedir licencia. También se le cuestionó que mientras estaba suspendido seguía presentándose en otros concursos de la justicia provincial.
Fuentes consultadas indicaron que un careo con un médico que participó de su evaluación de salud fue determinante, ya que el fiscal adjunto habría apuntado contra la empresa que realizaba las evaluaciones, diciendo que un doctor de la firma le había dicho que no mencionara la enfermedad. Esto fue desmentido en forma rotunda por el profesional.
En septiembre del año pasado, el Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial resolvió por unanimidad la destitución del camarista Gustavo Guerra Labayén por «mal desempeño de la función» y lo inhabilitó por cinco años para ocupar cargos dentro del Poder Judicial. La acusación en su contra se basó en el atraso en el dictado de sentencias en 25 causas y en la pérdida de jurisdicción en ocho de ellas. El magistrado destituido realizó numerosas presentaciones en el STJ en contra de las decisiones del Consejo de la Magistratura.