Un tribunal de apelaciones de Nueva York revocó un fallo que ordenaba al país pagar miles de millones de dólares. Un exfuncionario clave detalla la estrategia legal que llevó a la victoria.
Argentina obtuvo un fallo favorable en tribunales internacionales al ganar una apelación contra el fondo Burford Capital en el juicio por la expropiación de YPF. Con esta decisión, el país evita de forma casi definitiva el pago de una suma que rondaba los 18.000 millones de dólares.
El conflicto se originó en 2012, cuando el Congreso argentino expropió el 51% de las acciones de YPF a la española Repsol, sin realizar una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, tal como establecía el estatuto de la empresa. En 2015, el fondo inglés Burford Capital, que había adquirido derechos de litigio de las empresas Petersen (pertenecientes a la familia Ezkenazi), demandó al Estado argentino ante un tribunal de Nueva York. En 2023, la jueza Loretta Preska falló a favor del fondo y ordenó al país pagar unos 16.000 millones de dólares. Sin embargo, el pasado viernes 27, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos revocó esa sentencia.
Sebastián Soler, quien fue subprocurador del Tesoro entre 2019 y 2023, fue uno de los funcionarios que sentó las bases para esta apelación. En diálogo con RÍO NEGRO, explicó los detalles de la estrategia legal. «El de YPF no era el único caso, pero probablemente por lo que se trataba y por el tamaño de la contingencia, era el más importante», señaló.
Según Soler, el tribunal de apelaciones consideró correcto el argumento central de Argentina: «el estatuto de una empresa no puede restringir de ninguna manera la facultad expropiatoria amplia que la Constitución Argentina le concede al Estado Nacional desde 1853».
Al asumir el caso, la Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Carlos Zanini y con Soler como subprocurador, reorganizó el equipo legal. Se consolidó la defensa de los casos YPF y «Cupón PBI» en el estudio internacional Sullivan & Cromwell, buscando eficiencias y una sinergia estrecha con los abogados argentinos del Estado.
Además, se optó por un camino alternativo para reforzar el equipo interno: «Contactamos universidades argentinas, tanto públicas como privadas, preguntamos por los graduados recientes en Derecho Internacional Público que eran brillantes, los entrevistamos uno por uno, y armamos un equipo de jóvenes profesionales», relató Soler. Este equipo trabajó en conjunto con el estudio internacional durante cuatro años.
Respecto a la importancia del fallo, Soler destacó que valida la posición sostenida por Argentina desde 2012 sobre la forma en que se realizó la expropiación.