Un tribunal de la Ciudad Judicial concedió cuatro meses adicionales a los exministros Di Luca y Chapino, así como a otros seis imputados, para preparar sus estrategias de defensa en la investigación por presunto desvío de fondos públicos.
Los exministros de Desarrollo Social de Río Negro, Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino, junto a otros seis imputados, obtuvieron un plazo adicional de cuatro meses para preparar sus estrategias de defensa en la causa que investiga el presunto desvío de fondos destinados a capacitaciones a través de la cooperativa Viento Sur. La decisión se adoptó durante una audiencia realizada este martes en la Ciudad Judicial.
Entre los otros imputados que también recibieron la prórroga figuran el líder del FOL, Diego Mauro, y la exdiputada del FIT Unidad, Gabriela Suppicich. A todos ellos se les imputan los delitos de administración fraudulenta agravada, por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en el caso de los exministros.
La fiscalía, a cargo de Rocío Rivero, continúa con el análisis del contenido del teléfono celular de la expresidenta de la cooperativa Viento Sur, Indira Buhlmann. Durante la audiencia, la jueza Natalia Pelosso indagó sobre la fecha del secuestro del dispositivo, a lo que se respondió que fue en 2024. Buhlmann, quien inicialmente estuvo imputada, declaró en calidad de arrepentida, la fiscalía le retiró los cargos y ahora es considerada un testigo clave en la causa.
Los defensores de los acusados, Leandro Seisdedos (asiste a Chapino) y Gonzalo Rodríguez (a Di Luca), fundamentaron el pedido de más tiempo argumentando la necesidad de realizar su propia investigación. La fiscal Rivero recordó que los cargos contra Diego Mauro, Suppicich y otros integrantes de la cooperativa se formularon el 8 de abril de 2025, declarándose el caso como complejo, lo que duplica los plazos procesales. A Chapino y Di Luca se les imputó el 4 de marzo de 2026.
La investigación se centra en el presunto uso indebido de fondos entregados en el marco del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado por el Decreto 1672/2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. El programa establecía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, como la verificación de la regularidad institucional, la certificación de autoridades y la presentación de un plan de acción.
Uno de los canales de ejecución fue la cooperativa Viento Sur, a la que mensualmente se le transferían fondos. Según la investigación, la entidad recibió de la Tesorería General de la Provincia, previa orden de los respectivos ministros, aportes no reintegrables por un total de $1.208.657.600 para capacitaciones. La fiscalía sostiene que dichos fondos fueron utilizados con otros fines.