El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que en los próximos días se remitirá al Congreso Nacional una nueva ley que busca modificar la norma vigente desde 2010, con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema sanitario.
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de nueva Ley de Salud Mental, según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X. Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, indicaron que la iniciativa propone una actualización de la ley sancionada en 2010, con la intención de «mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario».
«Busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia», argumentaron las fuentes oficiales. Agregaron que se aspira a «clarificar» conceptos y criterios de aplicación.
Para la elaboración del proyecto, se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental, y también de actores del ámbito judicial y legislativo, con el fin de detectar los problemas en la práctica diaria. Entre los impedimientos identificados se encuentra que solo 16 de las 23 jurisdicciones del país adhirieron formalmente a la ley actual y que existen solo 18 hospitales generales con servicios de salud mental.
Desde la administración nacional se señaló que el término «padecimiento mental» utilizado en la norma vigente es considerado «ambiguo» y «demasiado amplio», lo que complicaría los diagnósticos y generaría demoras en la intervención. «El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión», sostuvieron desde la cartera sanitaria.
Asimismo, se plantea reemplazar el criterio actual por el de «situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros», con la intención de dar lugar a «intervenciones más oportunas y preventivas». Se aclara que la internación continuará siendo un «recurso excepcional», pero «necesario», y se remarca que los psiquiatras podrán indicar una «internación involuntaria», la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.
«Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia», explicaron.
En otro aspecto, el proyecto propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, lo que representa un cambio respecto a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas en el país.
Además, se plantea ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y la Sedronar.