La reglamentación de la Ley de Emergencia N° 27.793 establece un nuevo régimen para las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, permitiendo el trabajo en relación de dependencia bajo ciertos límites de ingresos.
La puesta en marcha de la Ley de Discapacidad (Ley de Emergencia N° 27.793) inició un proceso de ordenamiento administrativo para las Pensiones No Contributivas (PNC) en todo el país. Mediante un decreto reglamentario publicado en el Boletín Oficial, se creó formalmente la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, un régimen que garantiza derechos básicos a personas con incapacidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2026.
La normativa no solo define criterios de acceso y permanencia, sino que establece una conversión automática de los beneficios vigentes, previa verificación de requisitos socioeconómicos. El objetivo es dotar de transparencia al sistema mediante auditorías periódicas y una articulación directa con el Consejo Federal de Discapacidad para consensuar parámetros de evaluación académica y médica.
Bajo el nuevo marco legal, el valor de las Pensiones No Contributivas se mantiene equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio que liquida la ANSES. La reglamentación aclara que se aplicarán ajustes específicos para casos de invalidez laboral severa o por condiciones geográficas desfavorables, un aspecto clave para los beneficiarios de la zona patagónica.
Asimismo, la ley estipula que este esquema operativo tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un período adicional, asegurando la continuidad de la cobertura de salud y los programas de apoyo estatal coordinados por el Ministerio de Salud.
Una de las novedades más relevantes es que las Pensiones No Contributivas serán compatibles con el empleo formal registrado. Según el texto oficial, los titulares podrán trabajar siempre que sus ingresos mensuales no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Esta flexibilidad se complementa con mecanismos de control de transparencia y la obligación de presentar informes públicos sobre la implementación del sistema. De esta manera, se busca fomentar la inclusión laboral sin que el beneficiario pierda el respaldo del Estado, mientras se sostienen los aranceles para los prestadores de servicios de discapacidad en todo el país.