El oficialismo negocia modificaciones al proyecto que modifica normas sobre tierras rurales, expropiaciones y manejo del fuego, con el objetivo de lograr su aprobación a fin de mes.
Tras la sanción de la ley de glaciares, el oficialismo, a través de La Libertad Avanza, busca acuerdos en el Senado para avanzar con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa, defendida esta semana por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, introduce cambios en materia de expropiaciones, desalojos, tierras rurales, Ley de Manejo del Fuego, barrios populares y registros inmobiliarios.
El Gobierno ha manifestado su disposición a aceptar retoques al texto original a cambio de apoyos de aliados, con el objetivo de llevar la iniciativa al recinto para su votación a finales de este mes. Desde el Poder Ejecutivo señalaron que en las comisiones no hubo una «oposición brutal», sino «planteos técnicos puntuales que obviamente se pueden conversar».
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de la Ley 26.737, que actualmente limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El Gobierno sostiene que estas restricciones constituyen una «violación de la Constitución» y un «bloqueo a las inversiones en el sector rural». Sturzenegger argumentó que una inversión como una pastera en Corrientes podría generar hasta 10.000 millones de dólares en inversiones que no se concretan por la normativa vigente.
Sin embargo, la iniciativa generó inquietudes entre algunos legisladores. La senadora por Chubut, Edith Terenzi, aliada del oficialismo, expresó su preocupación por la posible pérdida de herramientas legales para cuestionar la concentración de tierras en capitales extranjeros, especialmente en zonas de valor estratégico, cuencas hídricas y áreas con potencial minero o hidrocarburífero.
El ministro Sturzenegger intentó despejar dudas, alentando a «perder el miedo» al ingreso de capitales extranjeros privados, y aclaró que se mantendrá la autorización previa para compras realizadas por Estados extranjeros o personas jurídicas con participación estatal, para «resguardar la soberanía y la seguridad nacional».
Otro aspecto relevante del proyecto es la derogación de artículos de la Ley de Manejo del Fuego que, tras un incendio, prohíben por décadas cambiar el uso del suelo, subdividir o vender la tierra afectada. El Gobierno argumenta que estas restricciones, pensadas originalmente para bosques nativos, perjudican a los productores agropecuarios al impedirles realizar otras actividades productivas mientras se recupera el terreno.
En materia de expropiaciones, el proyecto establece requisitos más estrictos, indicando que deben ser «específicas y estar bien fundadas». Además, busca agilizar los procesos de desalojo mediante un trámite sumarísimo cuando se acredite el título o posesión legítima, con el fin de reducir los tiempos y desincentivar la ocupación ilegítima.