Luis Bertolini cuestionó el informe contable que presentará el Ministerio Público Fiscal, argumentando que no prueba las acusaciones de fraude por 2.300 millones de pesos.
El intendente de Plottier, Luis Bertolini, realizó un descargo mediante un extenso parte de prensa en el que se refirió al resultado del informe contable que presentará el Ministerio Público Fiscal en su contra el próximo lunes, durante la audiencia de formulación de cargos. En dicha instancia, la fiscalía lo acusará de una presunta maniobra por 2.300 millones de pesos mediante favoritismos con un proveedor, Pedro Vilchez, quien es socio del hijo de la subsecretaria de Hacienda del municipio.
Bertolini aseguró que en el informe contable «lo que encontramos no es la prueba de un fraude: es la prueba de que el fiscal no tiene la prueba del fraude que prometió». Su argumento se basa en que la contadora que elaboró el informe para el fiscal escribió, en la página 12, que su trabajo «no implica ninguna valoración sobre si las contrataciones fueron legales, razonables o convenientes».
«El fiscal quiere impresionar y decir: 2.300 millones de pesos. Es un número que está diseñado para impresionar pero ningún número es un delito por sí solo», afirmó el jefe comunal. Agregó que el mismo informe confirma que varias contrataciones se realizaron mediante licitación privada y concurso de precios. «Es decir, con competencia, con otros proveedores que pudieron ofertar, y Pedro Vilchez ganó porque presentó la mejor oferta. ¿Eso es un delito? ¿Ganar una licitación es un fraude? El fiscal tendrá que explicarlo», cuestionó.
Bertolini sostuvo que «la verdad es más simple y más aburrida que el relato del fiscal: Plottier es un municipio en crecimiento que contrató servicios de limpieza, mantenimiento, obras de infraestructura y provisión de materiales durante dos años», período que coincide con su mandato. «Ciento sesenta expedientes, todos con decreto firmado, todos con orden de pago, todos con factura. Todo dentro del circuito administrativo formal, a la vista de cualquier auditor, del tribunal de cuentas y del propio Concejo Deliberante. Si hubiera habido una caja azul, esa documentación no existiría», concluyó, en alusión a casos de desvío de fondos.