La Justicia imputó a dos personas por un violento asalto en una vivienda de Allen. Aunque fueron detenidos y se secuestraron compras recientes, el grueso del dinero sustraído no ha sido recuperado.
La noche del 5 de abril, Karen Diana Peralta se presentó en una casa de la calle San Luis al 150 de Allen para cobrar por un servicio de limpieza. Al abrir la puerta, el dueño del lugar fue sorprendido por un joven armado que ingresó a la fuerza. El sujeto amenazó a la víctima y, tras un forcejeo, logró sustraer una importante suma de dinero en efectivo, dólares, un cheque y un celular, para luego huir. Peralta permaneció en el lugar asistiendo al damnificado hasta la llegada de la Policía.
Sin embargo, la investigación de la Brigada de Investigaciones Judiciales comenzó a revelar inconsistencias en la versión de los hechos. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a Peralta caminando de la mano con su pareja, Matías Adrián Rojas, cerca del domicilio poco antes del robo, separándose luego en direcciones diferentes. El damnificado amplió posteriormente su denuncia, señalando comportamientos sospechosos en Peralta, a quien conocía por trabajos de limpieza en su salón de eventos.
El 8 de abril, un allanamiento en la vivienda de Peralta permitió secuestrar numerosas compras realizadas después del hecho –entre ellas zapatillas, celulares y electrodomésticos–, pagadas en efectivo y algunas aún en sus cajas. También se incautaron más de 2.7 millones de pesos que la mujer dijo haber ganado en un casino. Tanto Peralta como Rojas fueron detenidos, pero no se encontró el grueso del dinero robado, que superaba los 90 millones de pesos.
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía adjunta Laura Olea imputó a ambos como coautores de un robo calificado por el uso de arma impropia. La fiscalía fundamentó su posición en la denuncia, las pruebas recolectadas y un golpe en la frente de Rojas coincidente con la descripción de la víctima. La defensa pública, en cambio, se opuso a la imputación por falta de pruebas directas, cuestionó la credibilidad del denunciante y sostuvo que las versiones de los imputados –incluida la de la ganancia en el casino– aún deben ser corroboradas. La jueza de garantías Natalia González habilitó la investigación por cuatro meses.