Este viernes a las 9.30 horas caduca el plazo judicial para que la administración nacional acate el fallo que ordena transferir fondos a las universidades, en un contexto de tensión presupuestaria.
Este viernes a las 9.30 horas vence el plazo para que el Gobierno nacional acate el fallo judicial que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la administración de Javier Milei se advierte que el cumplimiento de la norma, con un costo estimado de 2,5 billones de pesos, tendría un impacto directo en las arcas del Estado y podría implicar un retorno al déficit fiscal. Fuentes del Ejecutivo señalaron a medios que actualmente no cuentan con los fondos para realizar el pago.
Ante esta situación, la responsabilidad financiera recae en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien deberá gestionar la redistribución presupuestaria. Paralelamente, el Gobierno prepara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de obtener un efecto suspensivo de la medida cautelar mientras se analiza el fondo de la cuestión. Sin embargo, desde el oficialismo reconocen que es poco probable que el máximo tribunal conceda dicha suspensión.
La medida cautelar, ratificada en primera instancia y por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley, cuyo veto presidencial fue revertido por el Congreso. Según especialistas judiciales, en el ínterin procesal el Gobierno estaría obligado a comenzar las transferencias.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) coincide con esta interpretación y, en caso de no haber suspensión, exigirá la inmediata convocatoria a paritarias para actualizar salarios. Un informe reciente del CIN indica que las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. La situación es particularmente crítica para los ingresos de los trabajadores, que representan la mayor parte del presupuesto universitario. Desde diciembre de 2023, los salarios del sector aumentaron un 158%, frente a una inflación acumulada del 280%, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo estimada en un 32%.
Ante la demora en la aplicación de los fondos, la comunidad universitaria evalúa nuevas medidas de protesta. Internamente, en el Gobierno también se cuestiona el manejo de la crisis por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias.