Un operativo de desalojo ordenado judicialmente en un paraje cercano a Villa La Angostura no se concretó, generando versiones encontradas entre la parte demandante y el Gobierno provincial sobre los motivos y el cumplimiento del protocolo establecido.
Un operativo para desalojar a dos comunidades mapuches en un paraje cercano a Villa La Angostura no pudo concretarse, desatando una disputa que trasciende lo judicial. La intervención, ordenada para el 30 de marzo, no se llevó a cabo según lo planeado. El representante legal de la parte demandante, María Cristina Broers, señaló que no hubo presencia policial suficiente. El conflicto se desarrolla en un predio de 625 hectáreas en la zona de El Pedregoso.
Broers denunció que su propiedad, el lote pastoril 42, fue ocupada ilegalmente en 2011. Frente a esto, las comunidades Melo y Quintriqueo sostienen que su presencia en el lugar es anterior a la compra de las tierras por la familia demandante en la década de 1970, afirmando que su ocupación está documentada y es ancestral.
La orden de desalojo fue dictada por el juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, tras una sentencia confirmada en primera y segunda instancia y avalada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Guillermo Hensel, abogado de la parte actora, afirmó que la Policía no brindó soporte, frustrando la medida, y criticó la actitud de la fuerza, responsabilizando al Gobierno provincial.
Desde el Gobierno provincial se explicó que la causa se tramita en el fuero civil, por lo que su impulso es responsabilidad de la parte actora. Además, señalaron que no existían condiciones para avanzar con el operativo, ya que no se cumplía con el protocolo avalado por el TSJ para estos casos. Este protocolo establece una serie de pasos, incluyendo la notificación y presencia de organismos como Desarrollo Social, Bomberos y hospitales, para garantizar la seguridad.
El conflicto, de larga data, tiene su origen en una sentencia de primera instancia de 2016, que quedó firme en 2018. Desde entonces, varios intentos por hacer efectivo el desalojo no han tenido éxito.