La Secretaría de Discapacidad dispuso un incremento del 3,40% en los aranceles, calculado según el IPC de marzo. Paralelamente, el Ejecutivo presentó una iniciativa que propone auditorías, un reempadronamiento obligatorio y cambios en la forma de fijar los valores de las prestaciones.
El Poder Ejecutivo anunció este lunes un aumento del 3,40% en los aranceles vigentes para todo el sistema de prestaciones básicas por discapacidad. El incremento, establecido mediante la resolución 41/26 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, se calculó sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo y regirá para abril.
Sin embargo, organizaciones del sector consideran que esta actualización es insuficiente. El Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtió que la medida no resuelve la «grave crisis que atraviesa el sector, con aranceles atrasados y prestaciones en riesgo». La semana pasada, el Foro había reclamado fondos urgentes y la implementación efectiva de la Ley 27.793, que declaró la emergencia en el área y fue ratificada por el Congreso.
En paralelo, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto de ley que busca reemplazar la actual normativa de emergencia. La iniciativa se enmarca en el objetivo de equilibrio fiscal y establece mecanismos para la revisión del sistema de pensiones no contributivas por invalidez.
El proyecto propone la realización de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría de Discapacidad, con cruce de datos con organismos como ANSES, para verificar el cumplimiento de requisitos. Además, establece un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios en un plazo mínimo de 90 días, bajo apercibimiento de suspensión preventiva de la pensión.
El acceso a la pensión, fijada en el 70% de la jubilación mínima, estaría restringido a personas sin recursos suficientes, mayores de 70 años o imposibilitadas para trabajar, siendo incompatible con el trabajo formal o registrado como monotributista.
En cuanto a las prestaciones, el proyecto establece que su valor ya no se fijará mediante un nomenclador universal. En su lugar, cada ente obligado (obras sociales, PAMI, provincias o Incluir Salud) determinará los valores en el marco de su relación con los prestadores, garantizando estándares de calidad. Esta medida generó críticas por parte de algunos legisladores, quienes advierten que puede generar desigualdades entre jurisdicciones.
El financiamiento de la nueva ley, en caso de aprobarse, saldrá del Presupuesto Nacional asignado al Ministerio de Salud, con posibilidad de utilizar fondos del Tesoro si fuera necesario.