El reclamo del abogado defensor de una referente mapuche para que se investigue la compra de tierras en zona de frontera a un supuesto testaferro de los Emiratos Árabes Unidos no tiene aún expediente abierto. El Ministerio Público Fiscal de Río Negro optó por actuar con cautela y podría derivar el caso a la Justicia Federal.
El reclamo formulado días atrás por el abogado defensor de una referente mapuche en un juicio por usurpación para que se investigue la venta de tierras en zona de frontera a un supuesto testaferro de los Emiratos Árabes Unidos no tiene todavía expediente abierto y el Ministerio Público Fiscal de Río Negro eligió tomar el tema con máxima cautela.
El fiscal que intervino en el juicio, Francisco Arrien, tiene decidido dar curso a esa denuncia recién cuando la sentencia quede firme, señalaron fuentes oficiales. Pero el dato que circula es que la justicia provincial se desligará del caso y tiene previsto girar el asunto a la Justicia Federal.
El abogado Martín Palumbo alertó el pasado 7 de abril durante su alegato en el juicio oral realizado en Bariloche sobre la posible violación de la ley 26.737 sobre protección y dominio de tierras rurales, que veda la compra de lotes y campos en zona de frontera por parte de personas físicas o jurídicas de origen extranjero.
Palumbo y Milton Díaz actuaron como defensores de Soledad Cayunao, quien llegó a juicio acusada de montar en febrero de 2023 un “campamento improvisado” en tierras cuyo propietario formal es Hugo Barabucci, un profesor y difusor del polo con residencia semipermanente en los Emiratos Árabes. Cayunao resultó absuelta, pero los ecos de lo escuchado durante la audiencia perduran hasta hoy y sembraron un mar de interrogantes que no encuentran respuesta.
Barabucci fue el denunciante original de la presunta usurpación y se presentó como propietario del campo de 14.689 hectáreas ubicadas en el paraje Alto Río Chubut, cerca de Ñorquinco, en el sur de Río Negro.
El juez Marcelo Álvarez Melinger, en su sentencia absolutoria, dejó constancia de que Palumbo subrayó durante su alegato de defensa lo expresado por el propio Barabucci cuando declaró bajo juramento que “había comprado esa tierra por una donación de Emiratos Árabes Unidos y sin cargo, sin nada a cambio”. El terrateniente dijo incluso ante el juez y las partes que el dinero recibido del gobierno del país asiático había sido “unos dos millones de dólares”.
Para el abogado esa compra violó la ley 26.737, que tiene plena vigencia a pesar de que el gobierno nacional intentó derogarla mediante el decreto 70/23, luego revertido por la Corte Suprema de Justicia. Palumbo recordó que los artículos 6, 7 y 10 de la ley establecen que ni extranjeros “ni personas interpósitas” pueden adquirir tierras en zonas de seguridad de frontera, ni linderas con espejos de agua.
Así quedó especificado en la sentencia, que también recogió otro detalle aportado por el abogado: “el lote objeto del presente litigio está a 45 kilómetros en línea recta de la frontera con Chile y obviamente está en zona de seguridad de frontera, porque la ley establece que esa limitación es de 100 kilómetros”. Pidió en consecuencia que se remitan los antecedentes al Ministerio Público Fiscal para que se investigue si la compra “fue legítima o ilegítima”.
El articulado de la ley señala que la venta de tierras a extranjeros por “interposición” de personas físicas argentinas será considerada “una simulación ilícita y fraudulenta”. A pesar de lo explícito del relato de Barabucci y del planteo del abogado defensor, hasta ahora no hubo gestos concretos de parte de los fiscales en dirección a comprobar el supuesto ilícito.
Pero sí existieron repercusiones en el ámbito legislativo, tanto provincial como nacional. Los bloques Vamos con Todos y PJ Nuevo Encuentro de la legislatura rionegrina emitieron hace dos semanas un pedido de informes dirigido al Ministerio Público Fiscal para que tome intervención “ante posibles delitos vinculados al ingreso de divisas extranjeras y la adquisición de tierras en una zona estratégica de la provincia”.
La legisladora Magdalena Odarda aseguró que los fondos que empleó Barabucci para comprar el campo habrían tenido origen en una cuenta del First Gulf Bank de Abu Dhabi y llegaron vía transferencia a través del J.P. Morgan Chase de Nueva York, “sin cumplir con los controles exigidos en materia aduanera, fiscal y penal”.
Al Congreso nacional el tema llegó por iniciativa del diputado Marcelo Mango (Unión por la Patria), quien presentó un proyecto de resolución dirigido al ministerio de Seguridad de la Nación y los organismos competentes en materia de seguridad de fronteras para que investiguen si la adquisición de tierras rurales en zona de frontera de la provincia de Río Negro, en Alto Río Chubut/Cerro Carreras, fue realizada “mediante interpósita persona o testaferro en beneficio de intereses extranjeros”.
Palumbo consideró que los dichos de Barabucci durante el juicio son incontrastables. Consultado ayer por este medio dijo no tener conocimiento de que su pedido haya generado algún movimiento en Tribunales y aclaró que la intervención no le corresponde solo al fiscal Arrien, como responsable de la acusación en el juicio a Cayunao, sino que “lo podría tomar cualquier fiscal de oficio”. Admitió también que la investigación en último término deberá quedar a cargo de la Justicia Federal.