El nuevo marco normativo impulsado por el Gobierno nacional busca reconfigurar el sistema de asistencia previsional bajo un criterio de estandarización del gasto público. Las Pensiones No Contributivas quedarán fijadas en el 70% de una jubilación mínima, eliminando ajustes por zona geográfica o severidad médica.
El nuevo marco normativo impulsado por el Gobierno nacional busca reconfigurar el sistema de asistencia previsional bajo un criterio de estandarización del gasto público. De acuerdo con el proyecto enviado al Congreso por la Secretaría de Discapacidad, las Pensiones No Contributivas (PNC) quedarán fijadas estrictamente en el 70% de una jubilación mínima, eliminando las facultades que permitían ajustar los montos según la ubicación geográfica o la severidad del cuadro médico.
Esta decisión de la Secretaría de Discapacidad impacta directamente en las PNC, a partir del análisis de la nueva Ley de Discapacidad, ya que busca «eliminar distorsiones territoriales», lo que en la práctica supone una unificación de haberes que afecta principalmente a los beneficiarios de la Patagonia y zonas con regímenes de invalidez laboral específicos. Bajo el esquema de la nueva Ley de Discapacidad, la liquidación de haberes que realiza ANSES seguirá atada a la movilidad jubilatoria, pero con una estructura más rígida.
La Secretaría de Discapacidad ratificó que las PNC se calcularán de la siguiente manera: uno de los cambios más disruptivos que introduce la nueva Ley de Discapacidad es el fin de la convivencia entre la asistencia estatal y el trabajo registrado. Según lo establecido por la Secretaría de Discapacidad, las PNC serán incompatibles con cualquier vínculo laboral formal o inscripción en regímenes tributarios (monotributo). Bajo la normativa anterior, un beneficiario podía trabajar siempre que sus ingresos no superaran dos salarios mínimos; sin embargo, con la nueva Ley de Discapacidad, el acceso a un empleo en blanco disparará la baja inmediata de la PNC, obligando a los titulares a elegir entre la estabilidad de la prestación o la inserción en el mercado laboral formal.
Para los residentes de provincias como Río Negro y Neuquén, la nueva Ley de Discapacidad representa un desafío económico particular debido al costo de vida regional. Al eliminar el diferencial por zona, la Secretaría de Discapacidad busca que no existan brechas en la liquidación de las PNC entre un beneficiario del sur y uno del norte del país. No obstante, las organizaciones sociales advierten que esta medida de la Secretaría de Discapacidad podría profundizar la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en la Patagonia, donde históricamente el plus regional compensaba los mayores gastos de traslado y servicios esenciales que ahora quedarían fuera del alcance del haber básico estandarizado por la nueva Ley de Discapacidad.