La comisión de Trabajo de la Legislatura de Neuquén abordará este martes el proyecto de ATE para crear un régimen de pasividad anticipada, aunque el oficialismo y el MPN advierten sobre el riesgo para el equilibrio de la caja previsional.
La Legislatura de Neuquén abrirá este martes en la comisión de Trabajo el proyecto que presentó ATE para establecer un régimen de “pasividad anticipada” con alcance a unos 3.000 estatales de la provincia. Será, de mínima, una presentación del tema para los diputados, ya que la moción de preferencia aprobada en sesión obliga a incorporarlo al menos una vez en el temario del cuerpo que preside el oficialista Francisco Lépore. Sin embargo, esto no implica que haya un acuerdo para sancionar la ley tal como está.
El secretario general del gremio, Carlos Quintriqueo, impulsó la iniciativa y encontró respaldo en el interbloque opositor que integran algunos exComunidad, pero ni el oficialismo de Rolando Figueroa ni el Movimiento Popular Neuquino ven probable que esa redacción prospere. Desde ambos bloques consideran que el universo de trabajadores que quedaría incluido es demasiado amplio, lo que podría poner en riesgo el delicado equilibrio de la caja del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y abriría la puerta a la incorporación de nuevas vacantes en un momento en que el gobierno intenta ajustar los gastos corrientes.
El germen del proyecto guarda relación con una dinámica cuestionada de la gestión provincial: se alcanzan acuerdos en un nivel que, al llegar al siguiente, se deshacen, generando malestar gremial y conflictos. El problema de los trabajadores estatales excedidos en edad pero sin los años de aportes necesarios para jubilarse se había empezado a discutir entre el gobierno, enviados de la Legislatura y ATE con cierto grado de acuerdo. Inicialmente se pensó en una ley y luego en un decreto, pero “en algún momento se trabó”, reconocieron fuentes del oficialismo.
El Estado neuquino mantuvo bajo condiciones precarias a muchos empleados durante años, lo que generó situaciones como las registradas en algunos ministerios al inicio de la gestión: personas cercanas a los 80 años que recién obtuvieron su pase a planta en 2023, con la salida del MPN, que no están en condiciones de seguir trabajando pero tampoco pueden acogerse a las herramientas de la ley 611 del ISSN. “Algo hay que hacer, pero cuidando no dañar la caja”, advirtieron en los principales bloques legislativos. Ese universo de empleados, además, no representaría los 3.000 que afirma Quintriqueo.
El oficialismo busca evitar abrir una suerte de retiro voluntario para estatales. El tema plantea un nuevo desafío para el gobierno de Figueroa: contener los números, pero también las alianzas. El dirigente de ATE hoy se mueve como opositor, aunque no descartan que, hacia 2027, pueda ser contenido en alguna de las colectoras del armado oficialista.
En otro plano, el diputado Federico Méndez denunció un “golpe político-institucional en Plottier” para destituir al intendente Luis Bertolini, apuntando al accionar del fiscal Pablo Vignaroli y vinculándolo a un intento del oficialismo para dejar en funciones a la concejal Malena Resa de Comunidad. “Hoy con la acusación de un fiscal y una mayoría política en un Concejo Deliberante pueden suspender a cualquier intendente”, dijo el legislador, y se preguntó “quién sigue”. El comentario dejó un punto válido para analizar en una provincia donde la seguridad jurídica se presenta como un valor clave para atraer inversiones hacia Vaca Muerta.