El intendente de Bariloche, Walter Cortés, vetó tres ordenanzas sancionadas a fines de marzo por el Concejo Deliberante, relacionadas con el pase a planta de personal municipal, la reducción de velocidad en avenidas y calles, y la creación de un centro para personas mayores. Ahora el Concejo deberá ratificarlas o mantener el veto.
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, emitió por resolución el veto a tres ordenanzas sancionadas a fines de marzo por el Concejo Deliberante. Las iniciativas surgidas de concejales opositores implementan un pase a planta de personal municipal, la reducción de la velocidad en avenidas y calles del ejido y la creación de un centro municipal para personas mayores. Cortés ya había anticipado el veto de dos de las normas. Ahora estos vetos deben ser tratados en el Concejo Deliberante, que puede ratificar las ordenanzas con una mayoría especial; de lo contrario, se impondrá la decisión del intendente.
En el caso del pase a planta permanente, que fue aprobado por mayoría con el rechazo del partido oficialista PUL, la medida implica cambiar la modalidad contractual a entre 70 y 100 agentes que hoy trabajan por contratos de horas cátedra. La ordenanza, que tuvo el impulso del gremio Soyem, definió requisitos mínimos para acceder al beneficio, entre ellos haber ingresado al municipio antes del 31 de diciembre de 2019, y creó una comisión con funciones de evaluación. En la votación, además del rechazo del PUL, estuvieron ausentes tres ediles (uno del oficialismo y los representantes de Cambia Río Negro y Bariloche Suma), lo que deja un final abierto cuando se trate el veto en el Concejo. Cortés vetó la norma por varios motivos: considera que el Concejo se arroga facultades propias del Ejecutivo al imponerle un plazo de 90 días para hacer el pase a planta; critica que los ediles promuevan este cambio con afectación presupuestaria cuando el mismo cuerpo rechazó la reforma fiscal y tarifaria 2026; y señala que la ordenanza “establece un mecanismo de incorporación basado en un listado nominal de agentes previamente determinado, sin que surja de la ordenanza la existencia de un procedimiento de selección abierto ni criterios objetivos que justifiquen la inclusión de los agentes alcanzados”. En este punto, indicó que la modalidad se aparta del régimen general de acceso al empleo público y no garantiza igualdad de oportunidades ni transparencia. El gremio Soyem expresó su repudio al veto y defendió que no se trata de un “privilegio”, sino de “un acto de justicia laboral para quienes sostienen diariamente el funcionamiento del Estado municipal en condiciones de inestabilidad, cumpliendo funciones permanentes desde hace años”.
También el intendente vetó la creación del Centro Municipal Integral de Residencia para Personas Mayores, argumentando cuestiones presupuestarias y aludiendo a la falta de aprobación de la ordenanza fiscal y tarifaria; además, remarca que la ordenanza omite considerar la estructura municipal ya existente para la atención de adultos mayores en un centro de día. El tercer veto fue el que más sorprendió, porque los propios concejales del partido del intendente acompañaron la ordenanza: se trata de la reducción de las máximas de velocidad para circular en avenidas (a 50 km/h) y calles del ejido municipal (a 30 km/h). Esa norma fue aprobada por mayoría y tuvo el rechazo de solo dos concejales de la oposición. En los fundamentos del veto, el intendente cuestionó que se le imponga al Ejecutivo cambiar la señalética sin un procedimiento progresivo, que no intervinieron técnicos en materia vial para analizar la viabilidad de la modificación, y que desde la órbita local se cambian parámetros establecidos por leyes nacional y provincial.