En un operativo conjunto del Ministerio Público Fiscal, se allanó una vivienda en San Carlos de Bariloche por una causa que investiga la presunta tenencia, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI). Se incautaron teléfonos, computadoras y discos de almacenamiento que serán peritados.
En un operativo conjunto liderado por el Ministerio Público Fiscal, se realizó un allanamiento en una vivienda de San Carlos de Bariloche como parte de una causa que investiga la presunta tenencia, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI). Durante el procedimiento, se incautó una gran cantidad de dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes especializados.
La investigación se activó a raíz de un reporte de la organización internacional National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Esta entidad, dedicada a la protección de menores, detectó actividad sospechosa a través de una red privada virtual y notificó a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras recibir el alerta, las autoridades rionegrinas iniciaron las tareas de inteligencia para localizar el domicilio vinculado a los identificadores digitales consignados en el reporte.
El objetivo principal de la diligencia fue retirar del alcance de los sospechosos cualquier soporte digital que pudiera contener evidencia delictiva. Según fuentes judiciales, lo secuestrado incluye teléfonos celulares vinculados directamente a la investigación, computadoras, soportes de almacenamiento masivo, tarjetas SIM, discos externos y pendrives.
El operativo se desarrolló en horario diurno y contó con la participación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de Gendarmería Nacional (Escuadrón 34) y el Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro, quienes garantizaron el resguardo estricto de la cadena de custodia. Además de la inspección de la vivienda, se procedió a realizar una requisa personal del residente del domicilio, siguiendo los lineamientos del Código Procesal Penal de la provincia.
La medida busca determinar el grado de implicancia del sujeto en la red de distribución de material prohibido. Desde la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal informaron que la investigación continúa bajo estricto hermetismo. Por el momento, no se brindarán más detalles sobre la identidad del sospechoso o el contenido preliminar de los dispositivos para no entorpecer los próximos pasos procesales que determinarán posibles imputaciones.