La Justicia federal avanza en una causa contra el jefe de Gabinete por un crecimiento patrimonial que no se condice con sus ingresos declarados. Un contratista detalló pagos en efectivo por obras en un country.
La Justicia investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa Bettina Angeletti por presunto enriquecimiento ilícito. Declaraciones testimoniales recientes revelaron un crecimiento patrimonial acelerado y gastos en dólares que no tendrían respaldo en los ingresos declarados por el funcionario.
El contratista Matías Tabar, encargado de las remodelaciones en la vivienda del matrimonio en el country Indio Cua (Exaltación de la Cruz), declaró ante los tribunales. Según el expediente, Adorni contactó a Tabar en agosto de 2024 para reformar un lote de 400 m². El presupuesto inicial de US$ 95.000 escaló a US$ 245.929.
Entre los ítems más costosos de la obra se incluyen una pileta con mármol y una cascada. Tabar declaró bajo juramento que la totalidad de los US$ 245.929 fueron abonados en efectivo, en dólares y sin factura, mediante entregas en mano de sumas redondas (US$ 30.000 o US$ 40.000).
El contratista también reveló que, antes de su declaración, Adorni intentó contactarlo mediante mensajes temporales de WhatsApp para “ofrecerle ayuda”. Tabar rechazó el ofrecimiento asesorado por sus abogados. La diputada Marcela Pagano (LLA) sumó una denuncia contra el jefe de Gabinete por presunto apriete a un testigo clave.
La causa busca determinar el origen de los fondos. Desde que asumió en la función pública, la Justicia calcula que Adorni acumuló gastos que superan los US$ 800.000. Su salario bruto oficial estuvo congelado en $3,5 millones hasta enero de 2026, cuando un decreto lo elevó a $7,1 millones (menos de US$ 5.000 mensuales).
Los compromisos incluyen la compra del lote en el country (US$ 160.000), la remodelación (US$ 245.929), un viaje a Estados Unidos en diciembre de 2024 (US$ 12.000), la cancelación parcial de una hipoteca (US$ 63.000) y un leasing vehicular (US$ 21.000).
Al cierre de 2024, Adorni declaró tener US$ 48.720 en efectivo y cuentas. Sin embargo, en pocos meses afrontó gastos en efectivo por turismo y cancelaciones hipotecarias por unos US$ 75.000. Con el secreto bancario y fiscal levantado, la Justicia analiza cuentas y consumos mensuales, incluyendo deudas de tarjetas de crédito que rozaron los $25 millones.