Mientras el escándalo que rodea a Manuel Adorni no da tregua, el oficialismo intenta mostrar iniciativa y sacar a la Cámara de Diputados de la parálisis. El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, llegó a un principio de acuerdo con los bloques dialoguistas para sesionar el próximo miércoles 20.
Mientras el escándalo que rodea a Manuel Adorni no da tregua, el oficialismo intenta mostrar iniciativa y sacar a la Cámara de Diputados de la parálisis. Con ese objetivo, el jefe del bloque libertario, el cordobés Gabriel Bornoroni, llegó a un principio de acuerdo con los bloques dialoguistas para sesionar el próximo miércoles 20.
La hoja de ruta del oficialismo incluye la Ley Hojarasca, que deroga más de 70 normas que quedaron en desuso; un cambio en el régimen de Zonas Frías que impacta en las tarifas de gas de Córdoba; un Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT); y una serie de convenios internacionales. El plan consiste en dictaminar los proyectos la semana próxima y llevarlos al recinto la siguiente.
Eso fue lo que conversó Bornoroni con los diputados Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Oscar Zago (MID), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Alberto Arrúa (Innovación Federal), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca) y Gladys Medina (Independencia), entre otros. Del lado del oficialismo, además del titular de la bancada, estuvieron Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo. Esta última, según se definió, será la interlocutora con el Senado sobre la reforma electoral, de modo que el proyecto (que por ahora solo encuentra trabas) sea negociado en paralelo en ambas Cámaras.
Aunque la reunión se desarrolló en las oficinas de Martín Menem, el titular de la Cámara estuvo ausente. En su entorno argumentaron que la coordinación de la agenda está a cargo de Bornoroni, aunque el riojano supo participar de varias reuniones similares. “Menem está teniendo otras reuniones”, aclararon.
Paradójicamente, la agenda que se propuso La Libertad Avanza representa un desafío para el propio Bornoroni, quien tendrá que defender un proyecto que impacta fuerte en Córdoba. Se trata de una modificación al régimen de Zonas Frías, que afectará a unas 600 mil personas que hoy pagan tarifas diferenciales de gas, con descuentos de entre el 30% y el 50%. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo en las últimas horas cambia el criterio de asignación de los subsidios: pasa de un esquema basado en el clima a uno centrado en ingresos.
En este sentido, mantiene el beneficio pleno para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, pero lo ajusta en aquellas zonas que fueron incorporadas al régimen en 2021, a través de una ley de Máximo Kirchner. Para estas localidades se limita el beneficio a hogares de menores ingresos incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto en 2025. Esto abarca a familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales, y a beneficiarios de programas específicos, como veteranos de Malvinas.
En Córdoba, los lugares que perderían el beneficio pleno serían la Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión. “El Gobierno nacional modificó el sentido de la Ley de Zonas Frías, impulsada por Máximo Kirchner, que nació como una política para equilibrar las desigualdades climáticas entre regiones. Ahora empezará a redefinirse bajo criterios exclusivamente económicos y eso puede dejar afuera a miles de familias trabajadoras”, advirtió la diputada camporista Gabriela Estévez. La legisladora lamentó que “en Córdoba, donde alrededor de 600 mil personas acceden a tarifas diferenciales, las boletas de gas podrían aumentar hasta un 50%” en el caso de los sectores más vulnerables.