El legislador rionegrino Leandro García presentó una acción de amparo colectivo ambiental para suspender la Ley N° 27.804 en la provincia, mientras el gobernador Weretilneck asegura que los glaciares están protegidos.
El Gobierno nacional oficializó la promulgación de la Ley N° 27.804, que introduce modificaciones en el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La medida, formalizada a través del Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial, abre una nueva etapa en el debate sobre la preservación de estos ecosistemas clave.
La norma había sido sancionada el pasado 8 de abril en el Congreso, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones en la Cámara de Diputados. Entre otros puntos, redefine competencias y criterios de intervención en zonas sensibles de la criósfera andina.
En este contexto, el legislador rionegrino Leandro García, integrante del bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro, presentó una acción de amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Civil y Comercial de El Bolsón. La iniciativa busca frenar la aplicación de la nueva normativa en la provincia y garantizar la protección de glaciares, áreas periglaciares y cuencas hídricas.
Según el planteo judicial, la Ley 27.804 implica “un grave retroceso en materia ambiental”, al flexibilizar la protección de reservas de agua fundamentales para Río Negro y la región patagónica. En ese sentido, García sostuvo que existe una amenaza concreta sobre bienes naturales esenciales y que la Justicia provincial debe intervenir de manera urgente.
“Estamos recurriendo a la Justicia de Río Negro porque los bienes naturales comunes no pueden quedar indefensos frente a una legislación regresiva. La protección del agua, de los glaciares y de las cuencas debe ser una prioridad institucional y constitucional”, expresó el legislador.
El amparo se fundamenta en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, así como en normas de la Constitución provincial y legislación ambiental vigente, invocando el principio de prevención ante posibles daños irreversibles. Entre las medidas solicitadas, se incluye la suspensión inmediata de la aplicación de la ley en territorio provincial y la prohibición a organismos locales de otorgar permisos bajo el nuevo régimen. También se pidió la elaboración de un plan específico de protección ambiental y la realización de estudios independientes sobre proyectos que puedan afectar zonas de alta montaña.
La presentación incorpora además cuestionamientos al denominado “Proyecto Baguales”, por la presunta falta de información pública y su posible impacto en la cuenca binacional del río Manso.
“La Justicia rionegrina no puede ser espectadora cuando están en juego reservas estratégicas de agua y derechos colectivos fundamentales”, advirtió García, y concluyó: “Río Negro necesita el agua para consumo, producción y recuperación ambiental. No podemos comprometer el equilibrio ecológico ni el futuro de las próximas generaciones”.
Con la puesta en vigencia de la reforma de la ley de glaciares, que delega facultades a las provincias para la protección de los cuerpos de agua, el gobernador Alberto Weretilneck descartó modificaciones en las condiciones y remarcó que todos los glaciares en Río Negro “están dentro de áreas protegidas”. “La provincia de Río Negro no va a afectar ningún glaciar porque la mayoría de nuestros glaciares están en áreas protegidas, por lo tanto nosotros no tenemos previsto modificar en absolutamente nada las áreas naturales protegidas”, respondió el mandatario en rueda de prensa ayer en Bariloche, donde participó de las actividades por el aniversario de la ciudad.