En la previa a la movilización universitaria, el Ejecutivo anunció que reunirá a rectores para redefinir el reparto de partidas destinadas a hospitales educativos, en medio de un fuerte cruce con la UBA por la distribución de recursos.
En la antesala de la marcha federal universitaria, el Gobierno nacional ratificó su rechazo a la ley aprobada en el Congreso que financia la educación superior. Además, desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que convocarán a un grupo de rectores en los próximos días para redefinir el esquema de reparto de fondos destinados a los hospitales educativos.
La ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, adelantaron una serie de medidas que el Ejecutivo tiene en carpeta, centradas en el control de gastos y la modificación de partidas que, según la gestión actual, se transferían de forma discrecional. Los avisos se generaron en un encuentro abierto a la prensa previo a las grandes movilizaciones convocadas para este martes 12 de mayo, para reclamar actualizaciones en las partidas universitarias.
Uno de los ejes centrales del anuncio oficial es la creación de una comisión específica para debatir los fondos de los hospitales que dependen de las universidades. Según argumentó el Gobierno, existe una partida presupuestaria fija y un «refuerzo» adicional que históricamente se distribuyó sin parámetros objetivos. El subsecretario Álvarez sostuvo que hasta ese momento el dinero extra se administraba «de manera arbitraria» y que cerca del 70% se destinaba a la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La intención del oficialismo es acordar con todos los rectores que administren hospitales un nuevo mecanismo de reparto basado en «criterios objetivos». El encuentro para conformar este grupo de trabajo se realizará una vez que concluya la movilización. «Lo vamos a hacer inmediatamente después de la marcha», indicó el funcionario, para evitar que la convocatoria sea leída como una maniobra para desactivar la protesta.
El foco del conflicto está puesto en las transferencias de recursos destinados al funcionamiento de los hospitales universitarios, un sector neurálgico que atiende a más de 700 mil pacientes por año. El contrapunto estalló cuando los directores de los hospitales dependientes de la UBA denunciaron que la administración de Javier Milei frenó el envío de las partidas operativas. Álvarez aseguró que «los fondos para salud fueron transferidos en tiempo y forma» y remarcó que las transferencias se realizan «mes a mes con puntualidad».
Sin embargo, detrás de las declaraciones cruzadas existe una compleja trama presupuestaria. Según denuncian desde la UBA, el conflicto radica en la diferencia entre los fondos para pagar sueldos y el dinero necesario para mantener los hospitales abiertos. Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, explicó que las transferencias que efectivamente ingresaron son aquellas destinadas «esencialmente al pago de sueldos y servicios». El reclamo urgente de la comunidad médica universitaria apunta a los gastos operativos: el dinero vital para la compra de insumos básicos y el mantenimiento de la costosa aparatología médica. Sobre este ítem, desde la UBA aseguran que no han recibido «un solo peso».
El Gobierno también puso el foco en la administración del Sistema de Información Universitaria, actualmente bajo la órbita del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al que cuestionaron por dificultar la publicación y depuración de datos. En este sentido, Capital Humano proyecta lanzar una página web para que la ciudadanía pueda consultar el destino de los recursos transferidos al sector.
Respecto al reclamo central de la marcha para que se cumpla la ley de financiamiento aprobada por el Congreso —y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei—, el Gobierno argumenta que la norma es inaplicable en el actual contexto legal y económico. Desde el oficialismo indicaron que la sanción de la nueva ley de Presupuesto deroga de manera implícita la norma de financiamiento, ya que no pueden existir asignaciones por fuera de la pauta general. Además, advirtieron que la recomposición salarial exigida (que abarcaría el 50% de aumento) representa un volumen de gasto que el Estado «no está en capacidad económica de afrontar» y que la ley original incumplía la Ley de Administración Financiera al no especificar el origen de los fondos.
«Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública. Lo que nosotros queremos es hacer un gasto eficiente, inteligente, y que la gente tenga acceso a la información», concluyó la ministra Pettovello sobre la postura gubernamental de cara a la movilización. El Ministerio de Capital Humano admitió que hay exactamente $79.763 millones sin distribuir. Argumentaron que se encuentran analizando una «distribución eficiente» y acusaron duramente a la UBA de exigir el 95% de ese monto, «dejando sólo el 5% para el resto de los hospitales universitarios».