miércoles, 20 mayo, 2026

Hidrovía: presentan una nueva denuncia penal contra funcionarios del Gobierno y empresarios

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático radicó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py por presuntas irregularidades en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los proyectos fluviales de Argentina, ha sido objeto de una nueva denuncia penal presentada en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia solicita una investigación sobre presuntas maniobras de direccionamiento en su licitación pública.

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático elevó la denuncia, que involucra a funcionarios del Gobierno y empresarios del sector. Según el documento, se señalan irregularidades que podrían derivar en un daño económico para el país.

En la denuncia, Santiago Caputo, Luis Caputo, Gastón Benvenuto e Iñaki Arreseygor son mencionados como figuras clave en una supuesta trama de fraude y asociación ilícita en el proceso licitatorio. El texto menciona una “defraudación sistemática” y pide investigar delitos como fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

La acusación se centra en la elaboración de un pliego que, según los denunciantes, favorecería a la empresa Jan De Nul, actual concesionaria de las tareas de dragado. Las condiciones técnicas, como la exigencia de “44 pies de calado inmediato”, habrían sido diseñadas para limitar la competencia, dejando a Jan De Nul como único oferente viable.

Otro aspecto señalado es el esquema de cobro de peajes propuesto. La denuncia indica que el nuevo esquema implicaría que un concesionario privado recaude 500 millones de dólares anuales, lo que generaría preocupaciones sobre la pérdida de control estatal sobre la vía fluvial.

Además, las acusaciones mencionan “reuniones informales” y una “purga silenciosa” de técnicos en el subsector de Puertos y Vías Navegables, supuestamente para facilitar nuevos intereses.

La Fundación solicitó una medida cautelar para detener el proceso licitatorio hasta que se realicen auditorías sobre los pliegos, en busca de transparencia y resguardo del interés público.

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